LA CORRUPCIÓN COMO CAUSAL DE ANULACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LA NORMATIVA DEL PERÚ Y LATINOAMÉRICA

María Aurora Caruajulca Quispe (Perú)

Mario Rafael Camacho Lazarte (Perú)

Mercedes del Carmen Rodríguez Acosta (Perú)

Carol Elena Prosopio Almonacid (Perú)

Eloy Enrique Paucar Giraldo (Perú)

Jorge Eduardo Cano Sánchez (Perú)

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Introducción

La corrupción, entendida como el abuso del poder para obtener beneficios ilegítimos, primando el interés particular sobre el interés público, representa uno de los principales obstáculos para la administración de justicia y el Estado de derecho en numerosos países de Latinoamérica. En el ámbito del arbitraje, la presencia de actos corruptos puede comprometer la integridad de los procesos y la legitimidad de los laudos arbitrales emitidos, lo que puede afectar gravemente la confianza en este mecanismo de resolución de conflictos. En este contexto, surge la necesidad de evaluar cómo la corrupción se configura como una causal de anulación de los laudos arbitrales, tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional.

Este artículo tiene como objetivo analizar la regulación y los mecanismos legales existentes en el Perú y compararlos con la normativa de otros países latinoamericanos, con el fin de determinar las similitudes y diferencias en el tratamiento de la corrupción como causa para la anulación de laudos arbitrales. Si bien el arbitraje se ha consolidado como una herramienta eficiente y flexible para la resolución de disputas, la corrupción puede socavar sus principios fundamentales, generando un ambiente de desconfianza y vulnerabilidad.

En ese sentido, el presente análisis abarca la legislación vigente en el Perú y en varios países de Latinoamérica, explorando cómo cada sistema aborda la corrupción en el arbitraje, las implicaciones legales que de ello derivan, y el impacto de estas regulaciones en la estabilidad del arbitraje en la región. Al entender estas diferencias y similitudes, se busca identificar mejores prácticas que fortalezcan la lucha contra la corrupción en el arbitraje y promuevan la justicia y la equidad en la resolución de disputas.

Finalmente, se establece el rol que deben cumplir los procuradores públicos, los centros de arbitraje y los árbitros en el marco de sus competencias en la lucha contra la corrupción en el arbitraje, planteando desafíos y propuestas de mejora en beneficio del arbitraje latinoamericano.

1. La Normativa Peruana sobre la Anulación de Laudos Arbitrales por Corrupción

En el Perú, el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias altamente utilizado, especialmente en el ámbito comercial. Es de conocimiento, que el laudo arbitral es la decisión tomada por los árbitros el cual resulta de carácter vinculante y obligatoria para las partes.

Sin embargo, existe la posibilidad que el laudo arbitral sea anulado por ciertas circunstancias en específico que pueden ocurrir y generar esta consecuencia. Ahora bien, para poder verificar las causales de anulación de laudo en nuestro ordenamiento jurídico, resulta necesario acudir al artículo 63° del Decreto Legislativo N° 1071 de nuestro ordenamiento jurídico, que regula el arbitraje en el Perú.

Del citado artículo, se advierte que existen siete causales las cuales facultarían a un juez a poder anular un laudo arbitral; sin embargo, para el enfoque del presente artículo, nos centraremos en el literal f) el cual establece que: “Que según las leyes de la República, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o el laudo es contrario al orden público internacional, tratándose de un arbitraje internacional”.

De la causal de anulación antes señalada, resulta necesario tratar de definir que entendemos por “orden público”. Si bien no existe una definición exacta, podemos delimitarla como al conjunto de normas, principios, valores fundamentales y esenciales en una población para el adecuado funcionamiento de una sociedad. Además, que sirve como límite dentro de los cuales las personas y las instituciones pueden actuar dentro de la sociedad y el estado.

En ese sentido, corresponde abordar brevemente el reciente caso de corrupción que ha afectado al arbitraje en el Perú, como es el caso “Odebrecht” el cual resulta ser el caso de mayor escándalo del Perú y de América Latina. Sobre este caso, señalamos que esta empresa estuvo inmersa en una red de sobornos y pagos ilegales a funcionarios públicos para obtener contratos de obras públicas en el país. Además de ello, Odebrecht utilizó el arbitraje para resolver disputas relacionadas a los contratos que obtenían, a fin de favorecer sus intereses de forma irregular, por lo que el Poder Judicial dictó prisión preventiva contra varios árbitros que están siendo investigados por su participación en laudos arbitrales en los cuales fallaron a favor de la empresa Odebrecht, presuntamente a cambio de un pago de coimas disfrazado en el pago de bonos de éxito.

2. Normativa Comparada de otros Países Latinoamericanos

• Argentina

 En Argentina, la normativa que regula la anulación de laudos arbitrales por corrupción se encuentra regulada en la Ley 24.573 Ley de Arbitraje Comercial Internacional y en la Ley 27449, que modificó algunos aspectos de la Ley 24.573, las cuales se aplican a los laudos arbitrales internacionales. Es así que, el numeral II del inciso b) del artículo 99° de la Ley N° 27449 establece que un laudo arbitral puede ser anulado por el tribunal competente en Argentina cuando se compruebe: “Que el laudo es contrario al orden público argentino. El tribunal judicial argentino examinará si la corrupción afecta el orden público y si el laudo arbitral se obtuvo mediante conductas fraudulentas, lo que justificaría su anulación”.

• Paraguay

En Paraguay, la anulación de laudos arbitrales se encuentra regulada por la Ley N° 1.879 – Ley de Arbitraje y Mediación, que establece en cuanto a la anulación por corrupción, existen disposiciones que permiten a las partes solicitar la nulidad del laudo en determinadas circunstancias. De este modo, el inciso b) del artículo 40 establece que: “Los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados cuando: (…) b) El tribunal compruebe que, según la ley paraguaya, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o que el laudo es contrario al orden público internacional o del Estado paraguayo».

• México

En México, la anulación de laudos arbitrales está regulada por la Ley de Comercio Exterior (LCE) y el Código de Comercio, que establece los principios para la resolución de disputas comerciales mediante arbitraje, y por las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles en los casos de arbitraje nacional. De este modo, las causales de Anulación de un Laudo Arbitral según el Código de Comercio Mexicano, se encuentran reguladas en el artículo 1457, estableciéndose en el numeral II lo siguiente: “Los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados por el juez competente cuando: (…) El juez compruebe que según la legislación mexicana, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje, o que el laudo es contrario al orden público”.

• Chile

En Chile las causales de Anulación de un Laudo Arbitral se encuentran reguladas en la Ley N° 19.971 – Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional, estableciéndose en el numeral ii) del inciso b del artículo 34°, la siguiente causal de Anulación de Laudo: “Que el laudo es contrario al orden público de Chile”.

De la normativa comparada se concluye que la causal de anulación de un laudo arbitral por ser contrario al orden público se encuentra presente en diversas normativas arbitrales debido a que es el conjunto de «principios fundamentales y de interés general sobre los que se apoya el ordenamiento jurídico de un determinado Estado, en su aspecto de derecho coactivo, o sea, a observarse inderogablemente por todos, porque consta de normas imperativas o prohibitivas.

3. Desafíos y Perspectivas en la Región

• El papel de los Procuradores Públicos, las instituciones arbitrales y los árbitros.

El papel de los Procuradores Públicos

El papel de los Procuradores Públicos en la lucha contra la corrupción en el arbitraje es crucial, ya que estos profesionales tienen la responsabilidad de velar por la defensa jurídica del estado. Su función en este sentido involucra varios aspectos:

1. Garantizar la legalidad y la transparencia: Los Procuradores Públicos supervisan los procedimientos arbitrales en los que el Estado es parte, asegurándose de que se cumpla con la legislación vigente y que las decisiones arbitrales sean acordes a ley. Actúan como garantes del respeto al marco legal, lo cual incluye la correcta aplicación de normas que previenen prácticas corruptas.
2. Intervención en casos de corrupción: En el ámbito del arbitraje, los Procuradores Públicos tienen la facultad de intervenir en caso de que haya indicios de corrupción por parte de las partes involucradas, incluidos los árbitros y centro de Pueden solicitar la nulidad de laudo arbitral y/o recurrir a instancias judiciales si se descubre que ha habido manipulaciones o actos corruptos durante el proceso.

El papel de las instituciones arbitrales

Los Centros de Arbitraje juegan un papel fundamental en la lucha contra la corrupción en el arbitraje, ya que son los encargados de organizar, supervisar y garantizar la transparencia y la integridad del proceso arbitral. A continuación, se detallan varias funciones de los Centros:

1. Establecimiento de Normas Éticas y Regulatorias: Los Centros de Arbitraje son responsables de desarrollar y aplicar normas y procedimientos que promuevan la transparencia y la integridad en el arbitraje. Esto incluye un Código de conducta para árbitros y partes.
2. Selección de Árbitros: La selección de árbitros es un área crucial en la lucha contra la corrupción. Los Centros de Arbitraje desempeñan un papel importante en garantizar que los árbitros sean elegidos por su capacidad profesional y su integridad.
3. Vigilancia y Supervisión de los Procedimientos Arbitrales: Los Centros de Arbitraje deben supervisar los procedimientos arbitrales para asegurarse de que se lleven a cabo conforme a las Esto incluye supervisión administrativa, ya que el centro debe garantizar que el proceso arbitral se realice conforme a las reglas establecidas, evitando irregularidades que pudieran dar lugar a prácticas corruptas.
4. Transparencia en la Administración del Arbitraje: La transparencia en las decisiones del Centro de Arbitraje es clave para garantizar que los procedimientos sean llevados a cabo de forma limpia y ética. Esto se puede lograr mediante la publicación de decisiones arbitrales no confidenciales.
5. Sanciones ante Actos de Corrupción: Cuando se descubren actos de corrupción, los centros de arbitraje deben tener mecanismos disciplinarios para sancionar a los involucrados.

El papel de los árbitros

Los árbitros deben actuar con el más alto nivel de integridad y ética profesional, contribuyendo a la prevención, detección y sanción de prácticas corruptas. A continuación, se detallan algunas de las funciones clave que desempeñan los árbitros en este contexto:

1. Imparcialidad e Independencia: Uno de los principios fundamentales que los árbitros deben seguir es la imparcialidad y independencia, que son esenciales para prevenir la corrupción. Los árbitros deben asegurarse de que sus decisiones no se vean influenciadas por intereses personales, políticos o financieros, ni por presiones externas.
2. Denuncia de conductas corruptas: Los árbitros tienen el deber de denunciar cualquier sospecha de corrupción o mala conducta ante las autoridades competentes o el centro de Si se descubre que una parte está intentando influir de manera corrupta en el arbitraje, los árbitros deben tomar las medidas adecuadas.
3. Sanciones en Caso de Corrupción: Si un árbitro es encontrado culpable de conducta corrupta, puede enfrentarse a sanciones severas que incluyen Responsabilidad civil o penal, dependiendo de la jurisdicción, los árbitros implicados en la corrupción pueden enfrentar sanciones legales, como responsabilidades civiles o penales, si se demuestra que han participado en actos ilícitos.

• Desafíos y propuestas de mejoras en la lucha contra la corrupción en el arbitraje latinoamericano

El arbitraje se ha consolidado como uno de los mecanismos más relevantes para la resolución de conflictos en América Latina. Sin embargo, la corrupción representa uno de los principales desafíos que amenazan la eficacia y la legitimidad de este sistema.

1. Opacidad y falta de transparencia: Uno de los problemas más notorios que favorecen la corrupción en el arbitraje es la falta de transparencia en los procesos. A diferencia de los procedimientos judiciales tradicionales, el arbitraje suele caracterizarse por su confidencialidad, lo cual, si bien protege la privacidad de las partes, también puede dificultar la supervisión pública y la rendición de
2. Falta de estándares éticos uniformes: Otro desafío importante radica en la ausencia de estándares éticos uniformes para los árbitros y las instituciones arbitrales. Aunque existen códigos de conducta elaborados por organizaciones internacionales como la CNUDMI o la IBA, su aplicación no siempre es obligatoria, dejando amplias lagunas para prácticas indebidas.
3. Influencia indebida: La influencia indebida es otro factor que debilita la confianza en el En algunos casos, la proximidad entre árbitros, abogados y partes involucradas genera sospechas de parcialidad. Además, los vínculos políticos y económicos en ciertas jurisdicciones pueden derivar en presiones externas que comprometan la independencia de los árbitros.
4. Avances y desafíos futuros: A pesar de estos obstáculos, se han registrado avances en la región para combatir la corrupción en el arbitraje. Algunos países han regulado políticas de transparencia, como la publicación de laudos y la creación de listas de árbitros con sus respectivas hojas de vida. Asimismo, la inclusión de cláusulas anticorrupción en los contratos y la exigencia de declaraciones de independencia e imparcialidad por parte de los árbitros son pasos positivos hacia una mayor integridad.

Propuestas de mejora

1. Fortalecimiento de la transparencia: Implementar la publicación de las actuaciones arbitrales, no solo del Laudo La publicidad de las audiencias aportaría significativamente a la transparencia del proceso.
2. Códigos éticos obligatorios: Adoptar códigos de conducta éticos vinculantes para árbitros y abogados, con sanciones efectivas en caso de
3. Órganos de supervisión independientes: Crear organismos nacionales o regionales que supervisen la conducta de árbitros y las instituciones arbitrales, garantizando la independencia y la
4. Fomento de la diversidad en las designaciones: Garantizar una mayor inclusión de árbitros de diferentes orígenes y experiencias para evitar redes cerradas de influencia.
5. Protección a denunciantes: Establecer mecanismos seguros y anónimos para la denuncia de actos de corrupción en los procedimientos

 

4. Conclusiones

• En la legislación de Perú, Argentina, Paraguay, México y Chile la causal de anulación de un laudo arbitral por ser contrario al orden público se encuentra presente en diversas normativas arbitrales debido a su importancia para garantizar la legalidad, la justicia y la protección de los principios fundamentales de cada Estado.
• Los Procuradores Públicos, los centros de arbitraje y los árbitros desempeñan un papel esencial en la lucha contra la corrupción en el arbitraje, protegiendo los intereses del Estado y asegurando que los procesos arbitrales sean transparentes, imparciales y respetuosos de la
• La lucha contra la corrupción en el arbitraje latinoamericano requiere un enfoque integral que combine la transparencia, la ética, la regulación y la cooperación internacional. Sólo a través de la adopción de medidas consistentes y coordinadas se podrá fortalecer la confianza en el arbitraje como mecanismo legítimo de resolución de Pese a los avances normativos en distintos países de Latinoamérica, la eficacia de la anulación de laudos arbitrales por corrupción depende de varios factores: Voluntad política, solidez institucional y el control eficaz.