Mariela Martínez Gómez (Costa Rica), Ji Soo Kim Murillo (Costa Rica) y Sebastián Alejandro Arrieta Uquillas (Ecuador)

  1. Surgimiento del Salini Test

El artículo 25(1) del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (en adelante “Convenio del CIADI) dispone que: “La jurisdicción del Centro de extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado Contratante (o cualquiera subdivisión política u organismo público de un Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y el nacional de otro Estado Contratante (…)

Para acceder a la jurisdicción del CIADI, se exigen básicamente dos requisitos: que su competencia haya sido aceptada en forma voluntaria y expresa y que estemos ante una inversión. No obstante, en el Convenio del CIADI, veremos que no existe una definición de “inversión” por lo que ha surgido la necesidad de encontrar un concepto o criterios que arrojen los elementos necesarios para determinar ¿qué es una “inversión”? ya que, en las controversias llevadas ante el CIADI, uno de los asuntos más controvertidos por las partes radica en la competencia del tribunal. 

Al respecto, consideramos relevante analizar como es que surge el denominado “Salini Test”, y cuáles han sido sus orígenes de manera tal que se tenga mayor comprensión sobre su aplicabilidad.

Previo al surgimiento del citado test, encontramos como antecedente importante el caso Fedax contra Venezuela en el que se analizó el concepto de “inversión”, basándose en la posición del profesor Christoph Schreuer. En este caso, el Tribunal Arbitral determinó que una “inversión” debe ser claramente diferenciada de una transacción comercial, para lo que describió una serie de características a considerar: (i) cierta duración; (ii) cierta regularidad de lucro y retorno; (iii) la asunción de un riesgo; y (iv) un compromiso sustancial y significativo para el desarrollo del Estado receptor.

No obstante, el profesor Schreuer, posteriormente aclaro que se había confundido lo que él había calificado como características típicas o habituales con requisitos o condiciones de una inversión e indicó que, “esas características no deben necesariamente ser entendidas como requisitos jurisdiccionales sino simplemente como típicas características de las inversiones bajo el Convenio .

En el año 2001, en el caso Salini Costruttori S.p.A. e Italstrade S.p.A. contra Marruecos (en adelante “caso Salini”), surge el denominado “Salini Test” o “Salini Criteria”, con base al cual el Tribunal arbitral determinó que para que una actividad económica sea considerada como una “inversión” al amparo del artículo 25(1) del Convenio del CIADI, se deben cumplir los siguientes criterios objetivos: (i) una contribución de dinero u otros activos de valor económico por parte del inversionista, (ii) cierta duración de la actividad económica; y (iii) la asunción de riesgo. Como un cuarto elemento de una lectura del preámbulo del Convenio el tribunal añadió que exista una contribución al desarrollo del Estado receptor.

En dicha decisión, el Tribunal determinó que estos elementos o criterios pueden ser independientes, sin embargo, el riesgo en la transacción puede depender de la contribución y la duración del contrato, por lo que deberán ser analizados o evaluados de forma global. 

El “Salini Test” fue considerado innovador y fue considerado por varios tribunales arbitrales al momento de resolver sobre la jurisdicción al entrar a analizar en qué consiste una inversión al amparo del Convenio del CIADI, pero también existen algunos paneles arbitrales que se han negado a utilizarlo o que lo utilizan de manera parcial. 

Dentro de las decisiones arbitrales que han respaldado la validez del “Salinit Test” encontramos Joy Mining Machinery Limited v. The Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/03/11, Decision on Jurisdiction, July 23, 2001, § 53; Jan de Nul N.V. v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/04/13, Decision on Jurisdiction, June 16, 2006, § 91; y Helnan International Hotels A/S v. The Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/05/19, Decision on Objection to Jurisdiction, October 17, 2006, § 77.

De interés se menciona el caso Malaysian Historical Salvors SDN, BHD contra el Gobierno de Malasia, que fue resuelto por un tribunal ad hoc, cuyo laudo fue anulado por el Comité Ad hoc, porque se consideró que el tribunal arbitral no debió recaer tanto en los criterios del “Salini Test” al haber declarado que no tenía jurisdicción del CIADI al estipular que los supuestos alegados como “inversiones” no calificaban como una contribución significativa para el desarrollo económico de Malasia.

El caso anterior se resalta porque el elemento que ha tenido mayor discusión desde el surgimiento del “Salini Test” ha sido el análisis de la cooperación para el desarrollo económico del Estado receptor de la inversión. Esto es así porque a diferencia de los otros elementos, este está contemplado en el Convenio del CIADI, específicamente, en su Preámbulo, en el que se indicó que las Partes consideran “la necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo económico y la función en que este campo desempeñan las inversiones internacionales de carácter privado

La metodología del “Salini Test” para definir una inversión se puede clasificar en gran medida como un enfoque deductivo, ya que el tribunal tenía que estar seguro de que todos los elementos necesarios de una inversión a los efectos del Artículo 25 se habían cumplido.

2. Discusión actual sobre el Salini Test 

Los críticos del Salini Test consideran que su enfoque es meramente ideológico y, por lo tanto, indeseable y que provoca una crisis para todo el universo de disputas sobre inversiones, esto porque reduce las transacciones que se consideran inversiones bajo CIADI, siendo una posición más drástica que la pretendida en la redacción y los trabajos preparatorios del Convenio CIADI, diluyendo toda neutralidad en la determinación de la inversión.

Debido a estas críticas, con el tiempo han surgido otras corrientes de pensamiento jurisprudencial que consideran que el “Salini Test” debe ser utilizado con mayor flexibilidad. Esta mayor flexibilidad culmina en una aplicación parcial o limitada del criterio Salini. 

Por su parte, un enfoque intuitivo fue adoptado recientemente por entre otras cosas, en el caso de Philip Morris v. Uruguay, en el que el tribunal declaró que los criterios para una inversión estipulados por el tribunal de Salini «son características típicas de las inversiones bajo el Convenio del CIADI, no «un conjunto de requisitos legales obligatorios». Como tal, pueden ayudar a identificar o excluir en casos extremos la presencia de una inversión, pero no pueden vencer el concepto amplio y flexible de inversión en virtud del Convenio del CIADI en la medida en que no esté limitado por el tratado pertinente, como en el presente caso”.

El enfoque intuitivo esencialmente considera que los criterios de Salini no proporcionan más que características o rasgos comunes de una inversión, evidenciar la presencia de algunas de estas características es suficiente para cumplir con la definición amplia de inversión a los efectos del Artículo 25. Bajo este enfoque intuitivo, se considera que los tribunales pueden identificar una inversión mediante estos rasgos usuales y reconocerlo mediante las características sin tener que recurrir a exigir la presencia de todos los factores del Salini Test en todos los casos sin distinción.

Bajo esta perspectiva, se le da mucha importancia al consentimiento de las partes para considerar una operación comercial específica como una inversión, esto porque las partes pueden agregar o sustraer elementos de la definición y enmarcar dichos aspectos conceptuales en su tratado de inversión, ley de inversión, contrato de inversión o su acuerdo arbitral, así se cumpliría claramente el requerimiento del numeral 25 de la Convención.  

Lo anterior, fue enmarcado en el precedente Enron v. Argentina, en el cual el Tribunal determine que dado que la Convención no definió la noción de inversión, se debía interpretar que esta tarea fue delegada a las partes de los tratados de inversión bilateral y demás manifestaciones de consentimiento. Esto también fue enmarcado posteriormente en el caso Fraport v. Filipinas

Por otra parte, como resultado del constante desarrollo jurisprudencial y doctrinal de la noción de la inversión, ha surgido un enfoque “objetivo” o pragmático flexible.  Algunos tribunales, si bien se adhirieron a un análisis “objetivo” basado en ciertas características fundamentales de la inversión, como la contribución, el riesgo y cierta duración, adoptaron un enfoque más flexible y se negaron a respaldar todos los elementos constitutivos invocados en el criterio Salini, por ejemplo, la contribución al desarrollo económico del Estado anfitrión.

Esta noción flexible se percibe en el precedente LESI-DIPENTA v. Argelia donde la base de la disputa fue un contrato para la construcción de una represa para proporcionar agua potable. El tribunal estableció que para constituir una inversión a los efectos de la Convención CIADI, (i) la parte contratante debe haber realizado aportes de valor económico y servicios; (ii) estas contribuciones deben extenderse durante un período determinado; y (iii) estos aportes deben implicar algún tipo de riesgo para el aportante. Es relevante señalar que el tribunal no aceptó el “requisito” del factor de la contribución al desarrollo económico del Estado receptor, afirmando que no era necesario que el inversionista demostrara este elemento porque es difícil de establecer y está implícitamente cubierto por los otros tres elementos.

Para autores como Yannaca-Small, este enfoque flexible resulta el más apropiado bajo la luz de la Convención de Viena y sus normas de interpretación de los tratados.

No obstante, existe otra posición que no solo refuerza el Salini Test, sino que aumenta los criterios que deben cumplirse para definir una inversión, aumentando su rigidez. Entre ellos, el precedente Phoenix Action contra la Republica Checa, en el cual el Tribunal Arbitral determinó que el “Salini test” estaba incompleto y necesitaba elaboración, por lo tanto, modificó el test de manera tal que debían cumplirse los siguientes 6 elementos, para definir una “inversión”:

  1. Una contribución de dinero u otros activos de valor económico por parte del inversionista.
  2. Cierta duración.
  3. La asunción de un riesgo.
  4. Que exista una contribución al desarrollo del Estado receptor.
  5. Activos invertidos de conformidad con las leyes del Estado receptor.
  6. Activos que involucren buena fe.

El Tribunal indicó que estos seis elementos tenían que ser analizados con la debida consideración de todas las circunstancias, y respecto al criterio de la cooperación para el desarrollo económico del Estado receptor de la inversión, en el caso Phoenix, el tribunal utilizó un criterio más amplio que el tradicional para determinar si una actividad económica era inversión, para efectos de beneficiarse de la jurisdicción del CIADI, reemplazando el concepto de “contribución al desarrollo económico del Estado receptor” por la de “contribución a la economía”. Este precedente fue impactante para la comunidad arbitral dado que limitaba la noción de la inversión aún más que el Salini Test, reduciendo a su vez, la cantidad de inversionistas que podrían acudir al CIADI si se continuara con la aplicación del análisis de 6 factores, además de la subjetividad incorporada a la noción de activos bajo “buena fe”. 

Todo lo anterior demuestra una gran problemática en la materia de arbitraje de inversiones y es que la noción de inversión sigue siendo sumamente debatida; debate que resulta de suma importancia para los inversionistas que buscan dirimir sus disputas ante el CIADI, dado que numerosas disputas han sido rechazadas mediante decisiones de jurisdicción basadas en el concepto de inversión.

Esto se demuestra en que, tal y como lo evidencian Paulsson, Reed y Blackaby, para enero del año 2010, cinco tribunales CIADI habían rechazado su jurisdicción sobre la base de que no se cumplían los requisitos de inversión del Convenio y el TBI aplicable o la ley de inversión extranjera, entre ellos, Mihaly International v. Sri Lanka. En este precedente el tribunal sostuvo que los gastos incurridos por el demandante luego de la ejecución de una carta de intención con Sri Lanka para construir un proyecto de energía propuesto, incluidas gastos sustanciales de la planificación del modelo financiero y económico necesario para la negociación y finalización de un contrato, no eran una inversión bajo el TBI aplicable. 

De manera similar, el tribunal en Zhinvali c. Georgia sostuvo que los gastos previos al desarrollo incurridos en negociaciones relacionadas con un proyecto de planta de energía hidroeléctrica no calificaban como una inversión bajo la Ley de Inversiones de Georgia o en virtud del artículo 25(1) de la Convención.

3. Conclusiones sobre el Salini Test y propuestas sobre la noción de “inversión”

A pesar de que existen casos en los cuales se acepta el Salini test analizando sus cuatro pilares, existen otros que han optado por distintos caminos, a continuación analizamos algunos de estos, que ayudaran a obtener una visión más integral, pero menos rígida de lo que debe entenderse por “inversión” a la luz de la Convención del CIADI.

El caso de Saba Fakes v. The Republic of Turkey gira entorno a un inversor holandés, el Sr. Saba Fakes, que había invertido en una compañía turca de telecomunicaciones. El gobierno de Turquía congeló las acciones del Sr. Fakes mientras llevaban a cabo una investigación y, posteriormente, las vendió. En este caso, el Tribunal determina que existen dos tendencias preponderantes en la jurisprudencia que abordan el concepto de “inversión” bajo la Convención CIADI, una subjetiva – que más bien parece una flexibilización, lo cual se explorará más adelante; y otra objetiva.

La primera tendencia aboga por que las características sugeridas no deben tomarse de manera acumulativa, sino que, por el contrario, deben verse como “puntos de referencia o varas para ayudar a un tribunal a evaluar la existencia de una inversión, y sus proponentes o usuarios insisten correctamente en la flexibilidad con la que deben ser utilizados por un tribunal”. De acuerdo con este enfoque, el añadir nuevos elementos, como en el caso de Salini, se hace para facilitar el identificar una inversión, pero que no necesariamente deba coincidir con cada una de ellas. En otras palabras, estas características deben considerarse “meros ejemplos” cuya aplicación dependerá de cada caso:

El Tribunal establece que los requisitos que se tuvieron en cuenta en algunos proceso arbitrales con el fin de indicar la existencia de una inversión protegida por un tratado (como la duración y el riesgo de la supuesta inversión) deben ser considerados como meros ejemplos y no necesariamente como elementos requeridos para su existencia.

No obstante, esta corriente tampoco deja al arbitrio del tribunal cuáles “características” deben cumplirse, sino que lo deja bastante claro en el caso el caso de Victor Pey Casado y Fundación Presidente Allende c. La República de Chile. Aquí se analiza la confiscación y expropiación del periódico El Clarín de Chile en 1970 que era propiedad de Victor Pey Casado y Fundación Presidente Allende, para lo cual también exploran la noción de “inversión”. En este caso, como en el de Saba Fakes, el tribunal considera que sí existe una definición objetiva de acuerdo al Convenio CIADI y “no basta con señalar la presencia de algunas de las “características” habituales de una inversión para satisfacer esta condición objetiva de la competencia del Centro”.

A saber, los requisitos que deben cumplirse para poder calfiicar una “inversión” son los siguientes:

  1. Debe haber una contribución;
  2. Debe existir cierta duración; y,
  3. Debe presentarse la asunción de un riesgo 

Como puede observarse, esta corriente no es del todo subjetiva, sino que es inclina por cumplir ciertos requisitos para considerar algo como una “inversión”. Vale destacar que los Tribunales hasta aquí analizados consideran que el cuarto requisito – una contribución al desarrollo del Estado receptor – es difícil de establecer y debe ser analizado en el fondo del litigio y no como un requisito de adminisiblidad de la jurisdicción del Centro:

Una inversión puede resultar o no útil para el Estado receptor sin dejar por ello de ser una inversión. Es cierto que el preámbulo del Convenio CIADI menciona la contribución al desarrollo económico del Estado receptor. Sin embargo, dicha referencia se presenta como una consecuencia, no como un requisito de la inversión: al proteger las inversiones, el Convenio favorece el desarrollo del Estado receptor. Ello no significa que el desarrollo del Estado receptor sea un elemento constitutivo de la noción de inversión. Es por esta razón, como han señalado algunos tribunales de arbitraje, que este cuarto elemento está en realidad englobado en los tres primeros.

La segunda tendencia considera que una definición objetiva de “inversión” definitivamente debe incluir una serie de requisitos para que se pueda calificar como tal. De esta manera, se pretende cumplir con una lista acumulativa de requisitos para que el término “inversión” pueda considerarse. Aquí es donde la doctrina afirma que, casos como los expuestos en líneas más arriba, están equivocados debido a que se estaría contraponiendo a la Convención CIADI y se estaría expandiendo la jurisdicción del tribunal de manera innecesaria; y, debido a que, según sus defensores, se estaría creando incertidumbre.

En primer lugar, el texto que se halla en el preámbulo del Convenio del CIADI establece que “Considerando la necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo económico y la función que en ese campo desempeñan las inversiones internacionales de carácter privado”. De esta manera, se arguye que el CIADI existe para brindar desarrollo económico a los Estados a través de las inversiones que se hagan, por lo que no cabría la necesidad de ampliar la jurisdicción a disputas que no están cubiertas por la Convención CIADI. Por lo tanto, en Salini se plantea una forma de delimitar la jurisdicción del CIADI, pues se centraría únicamente en disputas que surjan de la inversión que se haga en un Estado para fomentar su desarrollo económico y no en lo que usualmente estaría fuera de su jurisdicción.

En segundo lugar, se considera que romper con el esquema que proporciona Salini es apartase de un conjunto de reglas demarcadas que pueden ser fácilmente conocidas para los inversionistas y para el Estado. Es decir, los defensores de esta segunda corriente tienden a ver a Salini como una solución que debe aplicarse a todos los casos. No obstante, este último argumento carece de fuerza en tanto no es posible formular esta afirmación considerando que los tribunales arbitrales no se ven obligados a acatar criterios anteriores, ya que todavía no existe un sistema de precedentes obligatorios en materia de arbitraje.

Por lo tanto, es necesario concluir, no con un punto final a la discusión de qué se debe entender como “inversión”, pero puntualizando que el Salini Test no es la panacea que deben buscar los tribunales al momento de analizar si el caso en el que están decidiendo existe o no una inversión. Esto tampoco quiere decir que basta que se cumplan ciertas “características” para calificar algo como “inversión”, sino que debe guardar conformidad con la Convención CIADI, sin limitar de sobremanera la jurisdicción del tribunal arbitral.

En resumen, el Salini test hace una sistematización innecesaria del significado de “inversión”, ya que eleva de manera innecesaria el umbral que se construye con los tres primeros requisitos, al momento de agregar el cuarto elemento. Como lo ha dicho la jurisprudencia, una inversión puede resultar útil o no al Estado anfitrión, pero esto no es un elemento que caracterice necesariamente una inversión. Es por esta razón que los autores del presente trabajo abogan por una definición que mantenga concordancia con la Convención CIADI, pero al mismo tiempo sea suficientemente flexible dependiendo del caso, para lo cual consideran que lo que define una inversión son únicamente tres requisitos: i) que debe haber una contribución; ii) que debe existir cierta duración; y, iii) que debe presentarse la asunción de un riesgo.

Notas a pie de pagina:

 1. Fedax N.V. contra Venezuela. CIADI No, ARB/96/3, Decisión sobre Jurisdicción (11 de julio de 1997) §§ 21-29)

2. CHRISTOPH SCHREUER, The ICSID Convention: A Commentary, 140 (Cambridge University Press, 2009), §122.

3. Las compañías italianas Salini Costruttori S.p.A. e Italstrade S.p.A. suscribieron un contrato con Societe Nationale des Autoroutes du Maroc (“ADM”) – del cual Estado de Marruecos mantenía una participación del 89%- para la construcción de una carretera en Marruecos, luego de problemas suscitados con los pagos la empresa constructora interpuso un arbitraje ante el CIADI en virtud del TBI existente entre ambos países.

4. Salini Costruttori S.p.A. e Italstrade S.p.A. contra Marruecos. CIADI No. ARB/00/4, Decisión sobre Jurisdicción (23 de julio de 2001), §§ 50-58.

5.  En este proceso el conflicto versa sobre un Contrato de Prestación para un proyecto minero, y se dio un análisis sobre si las garantías bancarias constituían una inversión para lo cual se analizaron las disposiciones del APPI, el artículo 25 del Convenio del CIADI y se consideraron los criterios del “Salini Test

6. La controversia surgió de un contrato para la ampliación y profundización de determinados tramos en el sur del Canal de Suez, en el que la empresa Belga alegó que Egipto desnaturalizó deliberadamente las condiciones del contrato. El tribunal para determinar su competencia analizó las disposiciones del APPI, el artículo 25 del Convenio del CIADI y se consideraron los criterios del “Salini Test”.

7. La controversia surgió de un contrato para la gestión y funcionamiento del Hotel Shephear, en el que la empresa alegó que Egipto incumplió el contrato. El tribunal para determinar si la controversia deriva de una inversión analizó los criterios del “Salini Test”.

8.  Malaysian Historical Salvors SDN, BHD v. The Government of Malaysia, ICSID Case No. ARB/05/10, Award on Jurisdiction, May 17, 2007, §§ 73-74

9. KATTIA YANNACA-SMALL, Arbitration under international investment agreements, 254 (Oxford University Press, 2010)

10. Philip Morris Brands Sàrl, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. República Oriental del Uruguay, Caso CIADI No. ARB / 10/7, Decisión sobre jurisdicción, §206.

11. KATTIA YANNACA-SMALL, Arbitration under international investment agreements, 251 (Oxford University Press, 2010)

12.  Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentina, Caso CIADI No. ARB/01/3, Decisión sobre Jurisdicción, 14 de enero de 2004.

13.  Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide v. Filipinas, Caso CIADI No. ARB/03/25, Laudo del 16 de Agosto de 2007.

14. LESI, S.p.A. y Astaldi, S.p.A. c. República Democrática Popular de Argelia, Caso CIADI No. ARB/05/3, Decisión sobre Jurisdicción, 12 de julio de 2006.

15.  KATTIA YANNACA-SMALL, Arbitration under international investment agreements, 251 (Oxford University Press, 2010)

16. Mihaly International Corporation v. la República Socialista Democrática de Sri Lanka, Caso CIADI No. ARB/00/2, 15 de marzo de 2002

17.LUCY REED, JAN PAULSSON & NIGEL BLACKABY, Guide to ICSID Arbitration, 138 (Wolters Kluwer, 2011)

18. Joy Mining Mach. Ltd. v. Egypt, ICSID Case No. ARB/03/11, Decision on Jurisdiction, 153 (Jul. 23, 2001) 19 ICSID Rev 486 (Aug. 6, 2004); Jan de NulN.V. v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/04/13, Decision on Jurisdiction, 91 (un. 16, 2006).

19.Saba Fakes v. República de Turquía., Caso CIADI No. ARB/07/20, laudo, para 110, 14 de julio de 2010; Victor Pey Casado y President Allende Found. v. República de Chile, Caso CIADI No. ARB/98/2, laudo, para 232, 8 de mayo de 2008; LESI, S.p.A. y Astaldi, S.p.A. c. República Democrática Popular de Argelia, Caso CIADI No. ARB/05/3, Decisión sobre Jurisdicción, para 72, 12 de julio de 2006.

20.Saba Fakes v. República de Turquía., Caso CIADI No. ARB/07/20, laudo, para 110, 14 de julio de 2010.

21.  Id., para 99; Victor Pey Casado and President Allende Found. v. Republic of Chile, ICSID Case No. ARB/98/2, Award, para 232 (May 8, 2008).

22.RSM Production Corporation v. Grenada, Caso CIADI No. ARB/05/14, laudo, para 241, 13 de marzo de 2009 [traducción propia]; ver también: Ceskoslovenska Obchodni Banka v. The Slovak Republic, Decisión sobre Jurisdicción, para 64, 24 de mayo de 1999.

23.Saba Fakes v. República de Turquía., Caso CIADI No. ARB/07/20, laudo, para 110, 14 de julio de 2010.

24.  MCI Power Group LC and New Turbine v. Ecuador, Caso CIADI Case No. ARB/03/6, laudo, para 165, 31 de julio de 2007.

25. Victor Pey Casado y President Allende Found. v. República de Chile, Caso CIADI No. ARB/98/2, laudo, para 232, 8 de mayo de 2008; Saba Fakes v. República de Turquía., Caso CIADI No. ARB/07/20, laudo, para 108, 14 de julio de 2010.

26.Saba Fakes v. República de Turquía., Caso CIADI No. ARB/07/20, laudo, para 110, 14 de julio de 2010; Victor Pey Casado y President Allende Found. v. República de Chile, Caso CIADI No. ARB/98/2, laudo, para 233, 8 de mayo de 2008; LESI, S.p.A. y Astaldi, S.p.A. c. República Democrática Popular de Argelia, Caso CIADI No. ARB/05/3, Decisión sobre Jurisdicción, para 72 (iv), 12 de julio de 2006.

27. Victor Pey Casado y President Allende Found. v. República de Chile, Caso CIADI No. ARB/98/2, laudo, para 232; ver también: LESI, S.p.A. y Astaldi, S.p.A. c. República Democrática Popular de Argelia, Caso CIADI No. ARB/05/3, Decisión sobre Jurisdicción, para 72 (iv), 12 de julio de 2006.

28.ALEX GRABOWSKI, 2014, «The Definition of Investment under the ICSID Convention: A Defense of Salini,» Chicago Journal of International Law: Vol. 15: No. 1, 290.

29. Salini Costruttori S.p.A. e Italstrade S.p.A. contra Marruecos. CIADI No. ARB/00/4, Decisión sobre Jurisdicción, para 152, 23 de julio de 2001.

30.  ALEX GRABOWSKI, 2014, «The Definition of Investment under the ICSID Convention: A Defense of Salini,» Chicago Journal of International Law: Vol. 15: No. 1, 291.

Autores:

Mariela Martínez Gómez, costarricense, graduada de la Universidad Escuela Libre de Derecho, Master en Derecho Internacional y Comparado de la Universidad de Tulane, socia y co-líder de la práctica de Resolución de Disputas de Alta Batalla

Sebastián Alejandro Arrieta Uquillas, ecuatoriano, abogado graduado de la Universidad San Francisco de Quito y cursando el último semestre en Relaciones Internacionales en la misma universidad. Abogado in-house de Laboratorios Siegfried S.A.

Ji Soo Kim, costarricense, licenciada en Derecho con honores por la Universidad de Costa Rica, integrante de la práctica de Resolución de Disputas de Alta Batalla, ex participante de la Competencia Internacional de Arbitraje organizada por la UBA y la Universidad del Rosario (2019-2020).

 

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