Cristina Arash Tantaleán (Perú), Felipe Castro (Ecuador), Valeria Moreno (Perú), Nicolas Portilla (Colombia) y Stephanie Uribe (Peru)

  1. Introducción

 

Una de las fases más importantes de un procedimiento de arbitraje internacional es el reconocimiento y ejecución de la decisión tomada por el tribunal arbitral. La parte vencedora del arbitraje debe tener los mecanismos adecuados para hacer valer lo decidido en su favor. Sin duda, el mecanismo más importante y eficaz en cuanto al reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros es la Convención de Nueva York. Al ser la segunda Convención más ratificada del mundo, permite que el arbitraje internacional sea eficaz al poder ejecutar laudos en cualquier Estado que la haya ratificado.

No obstante el éxito de la Convención, existe un vacío en cuanto a la posibilidad de reconocer y ejecutar laudos expedidos en el extranjero, cuando estos han sido anulados en la sede del arbitraje. Por ello, el objeto del presente artículo es explorar y analizar las distintas teoría sobre el reconocimiento y ejecución de laudos anulados. Además, se realizará un examen sobre el tema y su aplicación en algunos ordenamientos jurídicos y jurisprudencia dentro de América Latina.

  1. El reconocimiento y ejecución de laudos anulados bajo la Convención de Nueva York

 

Mucho se ha dicho en relación con cuál es el tratamiento se le debe dar a los laudos anulados en la sede: ¿pueden ser o no estos reconocidos y ejecutados en otros países? Dado que la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958) («Convención de Nueva York») es el instrumento internacional que por excelencia regula la materia de ejecución y reconocimiento de laudos, es siempre el punto de partida.

Como señala Cantuarias, “el artículo V de la Convención de Nueva York establece de manera taxativa siete supuestos en los que no procede reconocer y ejecutar un fallo arbitral dictado fuera del lugar donde se pretende reconocimiento y ejecución”.

El artículo  V.1.e de la Convención de Nueva York refiere lo siguiente:

  1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución:

(…)

  1. e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia.

 

Así, en tanto la Convención de Nueva York señala como una de las causales el que la sentencia (laudo arbitral) haya sido anulada, se entiende que bajo este instrumento no se permite el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros que hayan sido previamente anulados en la sede.

Al respecto, el profesor Cantuarias indica que “no basta alegar que se puede recurrir o ya se ha acudido a la autoridad competente del país o que conforme a cuya ley se dictó el laudo arbitral, sino que además debe probarse que el laudo ya ha sido anulado o suspendido”.

No obstante, aunque en principio el inciso (e) el artículo V.1 de la Convención de Nueva York resulta claro e impide que un laudo anulado o suspendido por la autoridad competente sea reconocido y ejecutado en otro Estado al amparo de la Convención de Nueva York, como indica el profesor Canturias, “existen otros autores que opinan que la Convención de Nueva York permite, mas no obliga, a aplicar esta causal cuando el laudo ha sido anulado en el lugar de origen”. Así, en realidad no existe un consenso respecto de cuáles son las consecuencias, bajo la Convención de Nueva York, de un laudo arbitral anulado o suspendido en la sede.

 

  1. Teorías sobre el reconocimiento y ejecución de laudos anulados 

 

A continuación, se reseñan algunas de las diferentes teorías respecto de este tema.

La primera es la teoría de la deslocalización de los laudos reconocida principalmente en Francia. Bajo esta teoría, los jueces franceses entienden que los laudos no están anclados a ningún sistema legal por lo cual su validez debe ser resuelta según las reglas del Estado en donde se pide su reconocimiento. 

Asimismo, esta teoría sostiene que el artículo VII de la Convención de Nueva York, que recoge el principio de máxima eficacia habilita a los operadores del derecho a usar la norma que favorezca más el arbitraje, que, en el caso francés serían los artículos 1525 y 1520 de su Código Procesal Civil, los cuales no contemplan como una causal de no reconocimiento el que el laudo haya sido anulado. En ese sentido, debe preferirse el derecho interno que no impide el reconocimiento y ejecución de laudos anulados. Con uno o ambos argumentos se pronunciaron los jueces franceses en los casos Norsolor, Hilmarton y Putrabali.

La segunda es el enfoque sobre los “International Standard Annulment” o Westphalian theories, el cual refiere que se puede reconocer un laudo cuando este ha sido anulado por causales distintas a las causales estándar internacionales, es decir, los numerales comprendidos entre los incisos a) y d) del artículo V de la Convención de Nueva York. En esta línea de opinión se encontró la Corte Suprema de Austria en el caso Kajo c. Radenska

En tercer lugar, se afirma que se puede reconocer un laudo anulado en la sede cuando en la sentencia de anulación se evidencie circunstancias que violen el orden público internacional (las nociones más básicas de justicia y moralidad), en ese sentido se pronunciaron las cortes de los casos PEMEX y Yukos.

Establecidas las principales teorías que abordan la cuestión, nos preguntamos sobre qué enfoque es el más adecuado para los Estados parte de la Convención de Nueva York y que tengan una ley de arbitraje basada en la Ley Modelo UNCITRAL (“LMU”).

Al respecto, es pertinente reseñar que tanto la LMU y el artículo 36 de la LMU tiene una regulación básicamente idéntica en tanto señalan que se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia a instancia de parte cuando se pruebe ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución que la sentencia ha sido anulada.

Una posibilidad es la postura francesa, la cual, como ya se explicó, se basa en dos argumentos principales: (i) el principio de máxima eficacia y (ii) la teoría de los laudos deslocalizados. Sin embargo, ninguno de estos dos argumentos es amparable en un país parte de la  Convención de Nueva York y con LMU, puesto que respecto del principio de máxima eficacia, es posible señalar que se debería aplicar la norma más favorable al arbitraje que la Convención de Nueva York, porque tanto esta como la LMU tienen causales para la denegación del reconocimiento y ejecución muy similares. Dicho de otro modo, en un país que tenga una ley de arbitraje igual a la LMU no habría una norma más favorable al ser ambas casi iguales. Ello es así porque tanto la Convención de Nueva York como la LMU tienen una vocación localista, es decir, que los laudos tienen una sede a la cual le dan relevancia, ello se evidencia en el artículo I de la Convención de Nueva York y en el artículo 31 de la LMU, por lo cual la noción de la deslocalización, si bien teóricamente es importante, no tiene asidero en dichos cuerpos normativos.

Una segunda alternativa es adoptar la “Westphalian theory” donde pueden ser reconocidas en otro país los laudos anulados por causales “locales”, es decir, aquellas distintas de las contempladas en los incisos a) al d) del artículo V de la Convención de Nueva York. Consideramos que esta teoría es problemática ya que al decidir una sede, las partes deben evaluar sus condiciones, lo que incluye las causales de anulación que la legislación nacional reconoce. En ese sentido, a nuestro entender, no es posible sostener que una parte, tras haber elegido libremente la sede, pretenda desconocer una causal de anulación de la sede por considerarla “localista” cuando fue ella misma la que eligió la sede, incluyendo dicha causal. Así, el derecho debe dar soluciones generales y no proteger cambios de criterio.

Una tercera alternativa es denegar una anulación hecha vulnerando el orden público. Dicho de otro modo, reconocer un laudo anulado cuando ello haya ocurrido vulnerando el orden público. Esta es por completo una posibilidad en un país parte de la  Convención de Nueva York y con LMU. Partiendo del mismo texto normativo, el inciso b del numeral 2 del artículo V de la  Convención de Nueva York y el número ii) del numeral b del artículo 36 de la LMU recogen al orden público del país de donde se busca el reconocimiento como una causal para no reconocer un laudo. Si bien este artículo no calza de forma precisa con el supuesto materia de análisis, de todos modos se puede desprender que para la  Convención de Nueva York y la LMU el orden público es un motivo suficiente para denegar reconocimiento a una decisión.

En ese sentido, esta es la teoría más adecuada, ya que si una sentencia que anula un laudo ha violentado el orden público, por ejemplo, al haber sido emitida por un órgano jurisdiccional parcializado o sin respetar el debido proceso entonces puede no reconocerse esta decisión en el país a pesar de que esta no sea un laudo y no calce exacto dentro del numeral 2 del artículo VII y en el artículo 36. 

Es decir, si bien no existe una habilitación expresa para estos efectos, de una interpretación de la razón de ser de ambas normas se puede concluir que se busca proteger que en el ordenamiento jurídico no circulen decisiones que sean contrarias a las nociones más básicas de justicia y moralidad (orden público internacional), por lo tanto, si se reconociese un laudo anulado a través de una decisión viciada, el país donde se pide el reconocimiento estaría permitiendo o validando esta violación y ello no es amparable. Así, en palabras de Cantuarias y Repetto, “no se puede ser cómplice de una violación de derechos”.

4. El escenario en Latinoamérica

a. Ecuador 

No existen precedentes sobre la ejecución de laudos extranjeros anulados en Ecuador.  Sin embargo, incluso la ejecución de laudos extranjeros válidos ha sido un problema idiosincrático bajo el ordenamiento jurídico de este país. En concordancia con la Convención de Nueva York, la cual es ratificada por Ecuador, la Ley de Arbitraje y Mediación determinaba originalmente que: “Los laudos dictados dentro de un procedimiento de arbitraje internacional, tendrán los mismos efectos y serán ejecutados de la misma forma que los laudos dictados en un procedimiento de arbitraje nacional.” Bajo este supuesto legal, no existían trabas para el reconocimiento y ejecución de laudos producto de un arbitraje internacional. 

Sin embargo, a partir del año 2015 surgió un determinante obstáculo para dicho procedimiento. La primera versión del Código Orgánico General de Procesos, promulgada en el año 2014, en reemplazo del Código de Procedimiento Civil, prescribía que los laudos y sentencias expedidas en el extranjero debían ser homologadas previo a su reconocimiento y ejecución. El criterio del legislador para incluir este requisito radicaba en que la Convención de Nueva York “exige que el Estado en el cual se va a ejecutar un laudo extranjero, sea reconocido u homologado con el fin de que pueda ser llevado a ejecución. Tal reconocimiento implica que la autoridad competente del Estado ha de examinar que el mismo no altere el orden público del Estado.”  Se pretendía realizar un análisis ex ante sobre la concordancia del laudo con el orden público interno, lo cual tenía una consecuencia negativa: dificultar el proceso de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros y convertir a Ecuador en una sede mucho menos atractiva para dicho procedimiento. 

Además, los requisitos que debía observar el juez que conozca sobre la homologación del laudo eran exhaustivos:

Art. 104.- Homologación de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidos en el extranjero. Para la homologación de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidos en el extranjero, la sala competente de la Corte Provincial deberá verificar: 

  1. Que tengan las formalidades externas necesarias para ser considerados auténticos en el Estado de origen. 
  2. Que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada conforme con las leyes del país en donde fue dictada y la documentación anexa necesaria está debidamente legalizada. 
  3. Que de ser el caso, estén traducidos. 
  4. Que se acredite con las piezas procesales y certificaciones pertinentes que la parte demandada fue legalmente notificada y que se haya asegurado la debida defensa de las partes. 
  5. Que la solicitud indique el lugar de citación de la persona natural o jurídica contra quien se quiere hacer valer la resolución expedida en el extranjero. 

Para efectos del reconocimiento de las sentencias y laudos arbitrales en contra del Estado, por no tratarse de asuntos comerciales, deberá además demostrarse que no contrarían las disposiciones de la Constitución y la ley, y que estén arregladas a los tratados y convenios internacionales vigentes. A falta de tratados y convenios internacionales se cumplirán si constan en el exhorto respectivo o la ley nacional del país de origen reconoce su eficacia y validez.

Estos requisitos agravaban aún más la ya importante traba para reconocer y ejecutar un laudo internacional en Ecuador. Además, el último inciso exigía un requisito adicional cuando se tratase de un laudo en contra del Estado, lo que hacía a Ecuador una sede poco atractiva para un arbitraje. 

No obstante lo expuesto, en los últimos años la legislación ecuatoriana ha demostrado una tendencia en favor del arbitraje. En el año 2018, se reformó el Código Orgánico General de Procesos y se determinó que los laudos expedidos en el extranjero ya no necesitan de homologación para su reconocimiento y ejecución. A pesar de ser un gran paso, el legislador omitió derogar el siguiente artículo:

 

Art. 363.- Títulos de ejecución.- Son títulos de ejecución los siguientes:

  1. La sentencia, el laudo arbitral o el acta de mediación expedidos en el extranjero, homologados conforme con las reglas de este Código.

Con base en esta norma, existe un precedente en el que se negó la ejecución de un laudo por no estar homologado, a pesar de la reforma del año 2018. En CV Travel Holding NV c. Seitur Cia. Ltda., la Unidad de lo Civil con Sede en Quito determinó el 6 de julio de 2019 que: “[…] para proceder con la ejecución de un laudo arbitral expedido en el extranjero este debe ser homologado primeramente. Si bien es cierto que los laudos constituyen títulos de ejecución; más el haber sido expedidos en el extranjero, para su ejecución primeramente se debe cumplir lo que señalan los artículos 102 al 106 del COGEP”

Finalmente, en 2021 se expidió el Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación. En esta norma, se ratificó de manera expresa que los laudos extranjeros no necesitan de homologación para ser ejecutados: Los laudos dictados dentro de un procedimiento de arbitraje internacional, […] tendrán los mismos efectos y serán ejecutados ante el mismo juez y de la misma forma que los laudos dictados en un procedimiento de arbitraje nacional, sin que se exija previamente un proceso de homologación”. En virtud de esta norma, se espera que los jueces sigan la tendencia legislativa de favorecer el arbitraje y Ecuador pueda convertirse en una sede más atractiva para el reconocimiento y ejecución de laudos y se pueda observar el criterio de las cortes cuando se trate de un laudo anulado en la sede.

b. Perú 

A fin de poder dar un alcance más práctico, analizaremos el caso del Perú. En dicha jurisdicción, se regula en su Ley de Arbitraje, en su Título III, el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros.

En su Art. 74, se dispone cuáles deberán ser las normas aplicables al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, observemos:

Artículo 74.- Normas aplicables:

Son laudos extranjeros los pronunciados en un lugar que se halle fuera del territorio peruano. Serán reconocidos y ejecutados en el Perú de conformidad con los siguientes instrumentos, teniendo en cuenta los plazos de prescripción previstos en el derecho peruano:

  1. La Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, aprobada en Nueva York el 10 de junio de 1958, o
  2. La Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional, aprobada en Panamá el 30 de enero de 1975, o
  3. Cualquier otro tratado sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales del cual sea parte el Perú.

Salvo que las partes hayan acordado algo distinto, el tratado aplicable será el más favorable a la parte que solicite el reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero.” (énfasis y el subrayado es nuestro)”

De dicho análisis se puede colegir, que como primer requisito, la referida ley le da la calidad de “laudo extranjero” a aquello dictado con una sede arbitral ubicada fuera del territorio peruano.

Como siguiente punto debemos señalar, que la ley permite que los referidos “laudos extranjeros” sean reconocidos y ejecutados considerando dos consideraciones: (i) plazos de prescripción en su ordenamiento jurídico, los cuales se encuentran en el ordenamiento civil, y  (ii) serán ejecutados  de conformidad con una serie de instrumentos tales como la CNY,  la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional y cualquier otro tratado que regule el tema, donde el Perú  sea signatario.

Así mismo, y siguiendo el análisis del artículo nos lleva a analizar la segunda parte donde reza el texto “(…) salvo que las partes hayan acordado algo distinto (…)”, es decir como se ha explicado en el desarrollo de las teorías, el de la ley más favorable o el principio de la máxima eficacia.

No obstante, esa no es la única óptica a considerar sino también como están reguladas las causales para denegar el reconocimiento de un laudo extranjero, para ello es necesario advertir lo descrito en el art. 75° de la referida ley de arbitraje:

  1. i) En primer término, sólo se podrá denegar el reconocimiento de un laudo extranjero, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba lo siguiente: i) que una de las partes en el convenio arbitral estaba afectada por alguna incapacidad, o si el convenio no era válido en virtud de la ley al que las partes lo hubieran sometido; o ii) que la parte contra la cual se invoca el laudo no fue debidamente notificada o no pudo hacer valer sus derechos; o iii)  que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el convenio arbitral o excede sus términos; iv) o cuando la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se ajustaron al acuerdo entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, a la ley donde se realizó el arbitraje; o v) que el laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido anulado o suspendido por una autoridad judicial competente del país en el que se ha dictado.
  2. ii)   En segundo término, también se podrá denegar el reconocimiento de un laudo extranjero si la autoridad judicial competente comprueba que: i) que el objeto de la controversia no puede ser susceptible de arbitraje o ii) cuando el laudo es contrario al orden público internacional.”

De esta manera, se puede agrupar un primer elenco de causales que no implican por sí mismas el razonamiento de un juez, sino meramente requisitos perceptibles a simple vista. Es decir, corresponden a hechos que requieren ser probados por la parte afectada a fin de que constituyan causales de denegación.

Por otro lado, existen otro grupo de causales, que requieren un análisis y desarrollo más complejo, puesto que, si requieren poner en marcha el aparato judicial a fin de que sean los operadores de justicia, aquellos que determinen: (i) que la materia no es posible de ser sometida a arbitraje en la legislación nacional o (ii) si este contraviene el orden público internacional.

Ahora bien, la parte procedimental del reconocimiento y ejecución de laudo arbitral extranjero se encuentra recogía en el Art. 76 de la Ley de Arbitraje, la cual establece que la parte que pida el reconocimiento de un laudo extranjero debe presentar el original o copia del laudo, entre otros requisitos.

Finalmente, y bajo el análisis que estamos disgregando de si fuese posible o no ejecutar un laudo anulado en el Perú, se debe considerar que  el Art. 78 de la referida ley señala que cuando resulte aplicable la CNY, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Artículo 78. Aplicación de la norma más favorable

Cuando resulte de aplicación la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, aprobada en Nueva York el 10 de junio de 1958, se tendrá presente lo siguiente:

  1. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 1) del artículo VII de la Convención, será de aplicación una o más de las disposiciones de este Decreto Legislativo, cuando resulten más favorables a la parte que solicita el reconocimiento y ejecución del laudo.
  2. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo VII de la Convención, la parte interesada podrá acogerse a los derechos que puedan corresponderle, en virtud de las leyes o los tratados de los cuales el Perú sea parte, para obtener el reconocimiento de la validez de ese convenio arbitral.
  3. Cuando resulte de aplicación lo dispuesto en el párrafo 2) del artículo II de la Convención, esta disposición se aplicará reconociendo que las circunstancias que describe no son exhaustivas.

A fin de contestar la interrogante académica, debemos señalar que, si bien el Perú es un miembro signatario de la CNY sin hacer uso de la reserva de reciprocidad, se encuentran obligados o al menos preponderantes a aplicar esta Convención en lo relacionado al reconocimiento y la ejecución de todos los laudos arbitrales que se dicten en cualquier parte del mundo, por lo que en teoría podría ser una posibilidad jurídica.

Finalmente, hasta hace unos años no existía jurisprudencia sobre el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros en el Perú, sin embargo, en los recientes años el referido país ha ido tomando cuerpo como sede internacional de la región advirtiendo algunos casos. Sin embargo, aún existen destinos más atractivos y con un desarrollo mayor de la materia que hacen que pocos laudos extranjeros requieran ser ejecutados en el Perú.

c. Colombia

Lo primero a aclarar es que no se tiene conocimiento de que en Colombia exista jurisprudencia alguna que haya estudiado la hipótesis de la ejecución de laudos arbitrales que hayan sido anulados.

No obstante lo anterior, se evidencia que la ley que rige en Colombia la materia arbitral si realizó una expresa disposición al respecto. Puntualmente se dispone en el artículo 112 de la Ley 1563 de 2012, por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones, expresamente:

Artículo 112. Motivos para denegar el reconocimiento. Solo se podrá denegar el reconocimiento de un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado, en los casos y por las causales que taxativamente se indican a continuación:

  1. a) A instancia de la parte contra la cual se invoca, cuando ella pruebe ante la autoridad judicial competente del país en que se pide el reconocimiento o la ejecución:

(…)

  1. Que el laudo no es aún obligatorio para las partes o fue anulado o suspendido por una autoridad judicial del país sede del arbitraje; (…)

Si se hubiere pedido la anulación o la suspensión del laudo ante una autoridad judicial del país sede del arbitraje, la autoridad judicial colombiana, si lo considera procedente, podrá aplazar su decisión sobre el reconocimiento del laudo y, a instancia de la parte que pida aquello, esta podrá también ordenar a la otra parte que otorgue caución apropiada.

Con lo cual, es claro que, al menos en lo que atiende a la disposición normativa vigente y comentada, es clara la proscripción de la posibilidad de ejecutar laudos arbitrales anulados, e incluso, el ordenamiento jurídico colombiano establece una garantía adicional para la que sería la parte ejecutada, al establecer la posibilidad de que la autoridad que conoce del reconocimiento previo a la ejecución, suspenda dicho procedimiento al ser notificado de que la anulación está en trámite ante otra autoridad judicial.

No obstante lo anterior, surge la duda de cuál sería la eventual posición de la Corte Suprema de Justicia, entidad judicial a cargo del reconocimiento de los laudos arbitrales extranjeros, al recibir una solicitud de reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral anulado, por cuanto en sentencia SC17655 del 30 de octubre de 2017, M.P. Dr. Luis Alonso Rico Puerta, se dijo expresamente que existía “la posibilidad excepcional de conferir el reconocimiento y ejecución de la «sentencia arbitral extranjera» a pesar de configurarse alguno de los motivos para su rechazo.

Así entonces, se evidencia una tendencia a aceptar los postulados de la jurisprudencia foránea en la materia, aunque lastimosamente en la referida sentencia no se profundiza en el tema ni se describe las situaciones concretas en las cuales se podría aplicar esa posibilidad excepcional y bajo cuáles causales se concibe.

d. Chile 

En el caso de Chile, respecto a la ejecución y reconocimiento de Laudos Arbitrales no se encuentra normada de manera uniforme en dicho ordenamiento jurídico.

Primero, la LACI contiene sus normas sobre reconocimiento y ejecución del Laudo al final de ésta, en su capítulo VIII. De esta manera, el art. 35 dispone: 

1) Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado, será reconocido como vinculante y, tras la presentación de una petición por escrito al tribunal competente, será ejecutado en conformidad con las disposiciones de este artículo y del artículo 36. 

2) La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el original debidamente autenticado del laudo o copia debidamente certificada del mismo, y el original del acuerdo de arbitraje a que se refiere el artículo 7º o copia debidamente certificada del mismo. Si el laudo o el acuerdo no estuviera redactado en un idioma oficial de Chile, la parte deberá presentar una traducción debidamente certificada a ese idioma de dichos documentos. 

Ahora, si bien en primer término podría decirse que el sistema Chileno de ejecución de laudos está en sintonía con las normas modernas de arbitraje internacional, en la práctica esto no es tan acertado.

Existe en Chile una dualidad normativa en lo que concierne a la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras.  Así, por un lado tenemos el Código Procesal Civil de Chile (CPC) , norma fundamental que rige los procedimientos judiciales, pero aplicable también al arbitraje internacional. Por otro lado, tenemos la ley 19.971, Ley Chilena sobre Arbitraje Comercial Internacional (LACI) y la CNY de 1958, que rige la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. 

Esta dualidad ha llevado a que tanto en doctrina como en jurisprudencia se discuta la primacía de las normas. Es importante notar que la CNY remite al derecho más favorable que en este caso corresponde a la regulación de la LACI al requerir menos formalidades y mayor flexibilidad constituyendo así el “derecho más favorable” para ejecutar el laudo, primando por sobre el CPC.

Ahora bien, la eliminación del exequátur para ejecutar un laudo en Chile ha sido bastante discutida y a pesar de todo lo dicho en la práctica se sigue utilizando este como requisito previo a la ejecución de un  laudo arbitral extranjero.  Adicionalmente, la Corte Suprema de Chile sigue considerando este como un trámite previo y esencial para reconocer y posteriormente ejecutar un laudo extranjero. No obstante, el máximo tribunal ha señalado que las normas aplicables para el reconocimiento y ejecución son las normas de la LACI por ser estas especiales. 

Conclusiones 

El éxito global del arbitraje internacional ha tenido como gran responsable a la reconocida Convención de Nueva York, por cuanto unificó cientos de ordenamientos jurídicos al rededor del mundo en materia de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los instrumentos jurídicos internacionales más importantes y completos que existen a día de hoy. No obstante lo anterior, las reglas frente a la ejecución de laudos arbitrales que han sido anulados no es del todo clara en el referido instrumento.

Con ello, distintas teorías han buscado dar cabida al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales anulados, encontrando principalmente tres vertientes. La primera es la teoría de la deslocalización de los laudos reconocida principalmente en Francia. Según la cual entienden se entiende que los laudos no se encuentran atados a algún sistema legal en particular, y esto conlleva a entender que la validez del mismo depende de las reglas del Estado en donde se pide su reconocimiento. 

La segunda teoría es conocida como la “Westphalian theory” según la cual pueden ser reconocidos en otro país los laudos anulados por causales “locales”, es decir, aquellas distintas de las contempladas en los incisos a) al d) del artículo V de la Convención de Nueva York. 

La tercera teoría es desconocer aquellas anulaciones en cuyo procedimiento se vulneró el orden público. Resulta esta, la vía más adecuada para el reconocimiento de laudos anulados, por cuanto no presenta incompatibilidad con la Convención de Nueva York ni con la LMU. No puede perderse de vista que si una sentencia que anula un laudo ha violentado el orden público, no reconocerse esta decisión en el país a pesar de que esta no sea un laudo y no calce exacto dentro del numeral 2 del artículo VII y en el artículo 36. 

Ahora bien, revisado el caso latinoamericano, se realizó una revisión de la temática en los ordenamientos jurídicos de Ecuador, Perú, Colombia y Chile.

En lo que atiende a Ecuador se evidencia que los avances más sustanciales en la materia se dieron en el año 2018, cuando se reformó el Código Orgánico General de Procesos y se determinó que los laudos expedidos en el extranjero ya no necesitan de homologación para su reconocimiento y ejecución, y en el año 2021, al ser expedido el Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación, por cuanto ratificó de manera expresa que los laudos extranjeros no necesitan de homologación para ser ejecutados. Con lo cual, aunque no existan precedentes frente al reconocimiento de laudos arbitrales anulados, se espera que los jueces sigan la tendencia legislativa de favorecer el arbitraje y Ecuador pueda convertirse en una sede más atractiva para el reconocimiento y ejecución de laudos. 

Para el caso de Perú, se evidencia que se trata de un Estado miembro signatario de la CNY sin hacer uso de la reserva de reciprocidad, con lo cual resulta obligatorio, al menos preponderantes a aplicar esta Convención, en lo relacionado al reconocimiento y la ejecución de todos los laudos arbitrales que se dicten en cualquier parte del mundo, por lo que en teoría podría ser una posibilidad jurídica. Hasta hace unos años no existía jurisprudencia sobre el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros en el Perú, sin embargo, en los recientes años el referido país ha ido tomando cuerpo como sede internacional de la región advirtiendo algunos casos. 

Frente al caso colombiano, se evidencia nuevamente que no existen antecedentes jurisprudenciales en los que el órgano jurisdiccional competente se pronuncie sobre el reconocimiento de laudos arbitrales anulados. Sin embargo, por la utilización de la LMU es clara, inicialmente, la proscripción del reconocimiento de laudos arbitrales anulados. Incluso, el ordenamiento jurídico colombiano establece una garantía adicional para la que sería la parte ejecutada, al establecer la posibilidad de que la autoridad que conoce del reconocimiento previo a la ejecución, suspenda dicho procedimiento al ser notificado de que la anulación está en trámite ante otra autoridad judicial. No obstante lo anterior, en la sentencia SC17655 del 30 de octubre de 2017, M.P. Dr. Luis Alonso Rico Puerta, se dijo que existía la posibilidad excepcional de reconocer y ejecutar un laudo en el cual se evidenciaban causales para su rechazo. Con lo cual, se evidencia una tendencia a aceptar los postulados de la jurisprudencia foránea en la materia.

En general puede concluirse entonces que actualmente, en los países reseñados, se evidencia una tendencia al favorecimiento del arbitraje y a la ejecución de laudos arbitrales internacionales. Sin embargo, no existen precedentes hito que refieran puntualmente a la ejecución de laudos arbitrales anulados que permitan hablar de un panorama claro frente a cuál va a ser la línea por la cual se va a decantar cada país, razón por la cual se considera que actualmente los Estados latinoamericanos se encuentran en un momento en el cual el hecho de que alguno tenga la posibilidad de sentar un precedente en la región incentivar, o no, a los países de latino américa como destino para el arbitraje internacional y por supuesto para el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales internacionales.

Referencias

Cantuarias Salaverry, F. (2003). Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales anulados en el lugar del arbitraje. Derecho PUCP, (56), 583-613. https://doi.org/10.18800/derechopucp.200301.014.

Cantuarias, Fernando & Repetto, Jose Luis; Nuevas Tendencias en Reconocimiento y Ejecución de Laudos anulados en la sede del arbitraje, Advocatus, No. 30, pp. 243-268.

Congreso de la República de Colombia. Ley 1563 del 12 de julio de 2012, Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 48.489.

Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sala de Casación Civil. Sent. ago. 31/2017. Exp. 11001-02-03-000-2016-03300-00. M.P. Luis Alonso Rico Puerta.

Decreto Legislativo N° 1071. 

Jiménez, A. & Reinides, Y. (2014) ¿Existe la vida después de la muerte?: reconocimiento y ejecución de laudos anulados en sede extranjera. Extraído por: http://forseti.pe/revista/arbitraje-internacional/articulo/existe-la-vida-despues-de-la-muerte-reconocimiento-y-ejecucion-de-laudos-anulados-en-sede-extranjera

Ponce Martínez, A. & Merchán M.B. Reconocimiento u homologación y ejecución de laudos extranjeros en el Ecuador. Recuperado de: 

https://www.quevedo-ponce.com/wp-content/uploads/2020/10/ARTICULO1_HOMOLOGACIO%CC%81N-Y-EJECUCIO%CC%81N-DE-LAUDOS-EXTRANJEROS-EN-EL-ECUADOR.pdf

Sanders P., New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 6 Neth. I.L.R., 1959, p.p. 43-55.

Teo, Kristen. (2019). To Enforce or Not to Enforce Annulled Arbitral Awards? http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/06/23/to-enforce-or-not-to-enforce-annulled-arbitral-awards/?doing_wp_cron=1592798915.6477510929107666015625

Ponce Martínez, A. & Merchán M.B. Reconocimiento u homologación y ejecución de laudos extranjeros en el Ecuador. Recuperado de: 

https://www.quevedo-ponce.com/wp-content/uploads/2020/10/ARTICULO1_HOMOLOGACIO%CC%81N-Y-EJECUCIO%CC%81N-DE-LAUDOS-EXTRANJEROS-EN-EL-ECUADOR.pdfUnidad Judicial Civil con sede en la Parroquia Iñaquito, Provincia de Pichincha, Proceso No. 17230-2019-03159, Providencia de archivo de proceso, 06/06/2019.

Integrantes:

  • Cristina Arash Tantaleán Marcatoma. Estudiante de la Universidad del Pacífico. Miembro del equipo ganador de la Competencia Internacional de Arbitraje 2021.
  • Felipe Castro Zurita. Estudiante de Jurisprudencia en la Universidad San Francisco de Quito. Coordinador del Instituto Ecuatoriano de Arbitraje.
  • Valeria Camila Moreno Machin. Egresada de la Universidad del Pacífico. Asociada en QA Legal.
  • Nicolás Portilla Vargas. Abogado egresado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Asesor en derecho corporativo y propiedad intelectual.
  • Stephanie Mitchelle Uribe Caycho. Abogada de la Universidad Nacional Federico Villarreal  (Perú). Asesora Legal Jr de China Gezhouba Group Company Perú (CGGC).

 

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