Cristina Arash Tantaleán (Perú), Felipe Castro (Ecuador), Valeria Moreno (Perú), Nicolas Portilla (Colombia) y Stephanie Uribe (Peru)

  • Introducción

 

La naturaleza contractual del arbitraje permite que las partes puedan, con base en la autonomía de la voluntad, determinar ciertos aspectos procesales y desviarse de la justicia ordinaria, siempre y cuando no se vulnere el derecho a la defensa. Una de las etapas del proceso arbitral que las partes buscan regular por sí mismas es la práctica de la prueba, con el fin de obtener eficiencia y celeridad. En búsqueda de guiar a las partes y a los tribunales en esta etapa del arbitraje, existen principalmente dos cuerpos normativos que sirven referencia a quienes practican el arbitraje internacional: las Reglas de la IBA sobre Práctica de la Prueba (“RIBA” o “Reglas IBA”) y las Reglas de Praga (“RP”).

 

Las RIBA y las RP son instrumentos de soft law que sirven a los Tribunales y partes para complementar las disposiciones legales, institucionales o acuerdo de las partes respecto del ejercicio de la prueba. Las RIBA, a diferencia de lo que se piensa, no son un reflejo del common law sino que pretenden acercar esta tradición jurídica con la del civil law, combinando elementos adversariales propios del common law con elementos inquisitivos propios del civil law. Por su parte, las RP recogen básicamente el modelo inquisitivo, el cual se asocia generalmente con el derecho continental. 

 

El presente artículo tiene como fin comparar y analizar estos instrumentos de soft law, a propósito de la revisión y reforma de las RIBA en el año 2020. Se observará cada uno de los tratamientos que tienen tanto las RIBA como las RP respecto de la prueba documental y su exhibición, la determinación de los hechos de parte del tribunal, las declaraciones de expertos y peritos; y las declaraciones testimoniales, teniendo en cuenta las convergencias y diferencias de ambas reglas sobre la práctica de la prueba en el arbitraje internacional. 

 

  • Historia de las Reglas IBA

 

Las Reglas de la International Bar Association sobre la práctica de la prueba tienen su primer antecedente en el año 1983 con el nombre de Reglas Suplementarias de la IBA que Regulan la Presentación y Recepción de Pruebas en el Arbitraje Comercial Internacional. Para el 1 de junio de 1999, este cuerpo normativo es sustituido por las propiamente dichas Reglas de la IBA sobre la Práctica de Pruebas en el Arbitraje Comercial Internacional, preparado por el Grupo de Trabajo del Comité de Arbitraje. Estas recogen prácticas de los procedimientos probatorios de varios sistemas legales, con el fin de que los tribunales conduzcan las fases de prueba de los procesos arbitrales de una manera más eficiente y económica. Este texto tuvo una primera versión revisada para reemplazar el texto de 1999, la cual fue firmada el 29 de mayo de 2010. Finalmente, las RIBA vuelven a ser revisadas y firmadas el 17 de diciembre de 2020, incluyendo la necesaria regulación de la práctica de la prueba tomando en consideración el avance de los medios telemáticos, incluyendo las audiencias online, la ciberseguridad y la protección de datos.

 

Del Preámbulo de este documento se desprende que las RIBA contienen una recopilación de los procedimientos probatorios de varios sistemas legales. Sin embargo, se puede extraer que las mismas “se adecuan sustancialmente a los principios esenciales del proceso anglosajón basado en el principio dispositivo del adversarial system, y no en los otros tipos de procesos como los de los ordenamientos jurídicos […] adscriptos al sistema del derecho civil”. Es esta una de las razones por las cuales varios países del derecho continental, en búsqueda de un cuerpo de soft law que recoja sus propias prácticas, crean las conocidas Reglas de Praga para la práctica de la prueba en arbitraje comercial internacional.

 

  • Historia de las Reglas de Praga

 

Las Reglas de Praga fueron promulgadas en el año 2018 por un grupo de trabajo conformado por Turquía, Bulgaria, Bielorrusia, Hungría, Lituania, Suecia, Alemania, Francia, Rusia, República Checa, Rumania, Suiza, Eslovenia, Polonia, Armenia, Noruega, Portugal, Kazajistán, Finlandia, Azerbaiyán, Albania, Austria, Brasil, Georgia, Serbia, Ucrania, Eslovaquia, Estonia, Malasia, Kirguistán, Nueva Zelanda, Latvia, y Reino Unido. Con un primer borrador presentado en enero de 2018, y la aprobación final realizada en diciembre del mismo año en Praga, estas reglas buscan ser aplicadas en casos de arbitraje internacional, con el fin de obtener una mayor eficiencia en el proceso respecto del tema probatorio. En el preámbulo de las RP se menciona que estas buscan dar un marco de referencia y/o guía a los tribunales arbitrales y partes, promoviendo un rol más activo de los árbitros en el manejo del proceso.

 

Normalmente, se asocia a las RP con las prácticas probatorias del derecho continental. La misma Nota del Grupo de Trabajo menciona que “una de las maneras de aumentar la eficiencia de los procesos arbitrales, es fomentar que los tribunales tomen un rol más activo en el proceso” (como tradicionalmente ocurre en países de derecho continental) (énfasis añadido). Así mismo, se menciona que, en un principio, las RP fueron creadas para ser aplicadas exclusivamente en procesos arbitrales entre países de derecho continental, aunque para la firma final, se determinó que estas podrían ser aplicadas sin ningún inconveniente ante la presencia de un país del common law.

 

  • Exhibición de documentos

 

En materia de exhibición de documentos, las RIBA y las RP convergen y a su vez poseen diferencias sustanciales. Respecto de los puntos comunes, tanto en las Reglas de Praga (artículo 3.2.i) como en las Reglas IBA (artículo 3.10) el Tribunal tiene la posibilidad de pedir a las partes que aporten o exhiban documentos. Ambas reconocen ese rol activo. No obstante, es evidente la existencia de diferencias.

 

Por un lado, de plano, las Reglas de Praga desincentivan al Tribunal y a las partes a evitar cualquier método de exhibición documental (artículo 4.2) a diferencia de las Reglas IBA que no tienen una disposición en ese sentido y, más bien, regulan exhaustivamente esta materia.

 

Por otro lado, el artículo 4.3 de las RP dispone que el requerimiento de exhibición debe indicarse en la reunión preliminar y solo excepcionalmente se le podrá solicitar al Tribunal que ordene la aportación en una fase posterior siempre que este pedido no se haya podido haber previsto en la referida reunión. Las RIBA ordenan que la solicitud se puede presentar “dentro del plazo fijado por el Tribunal” y no lo limitan a la reunión preliminar, lo cual permite que las partes tengan mayores posibilidades de solicitar más documentos. No obstante, las Reglas IBA exigen, entre otros, requisitos de relevancia y utilidad (que, de carecer, pueden ser objetados) de modo que la solicitud no es irrestricta.

 

Otra diferencia sustancial es que en las RIBA la solicitud de exhibición se presenta ante la contraparte y el Tribunal solo interviene cuando esta última presenta una objeción. Es decir, si una parte hace un pedido y la otra aporta lo solicitado, el Tribunal no interviene (artículo 3.3 y 3.4). En cambio, en las RP la solicitud se presenta ante el mismo Tribunal quien decide si da trámite o no al pedido en virtud de su pertinencia y relevancia para el caso (artículo 4.6), lo cual, a nuestro criterio, supone una limitación a la libertad de las partes, puesto que puede darse el caso que la contraparte, en pro de la consecución de la verdad o por cualquier otro motivo, desee aportar el documento, pero ello no coincida con la opinión del Tribunal. Así, las RP no dan la posibilidad de objetar puesto que el juzgador es quien, en su rol inquisitivo, decide, independientemente de la opinión de la otra parte. Todo lo contrario ocurre con las RIBA que regulan la posibilidad de objetar y un procedimiento para tal efecto, estableciendo causales limitadas.

 

Asimismo, otra divergencia que vale la pena resaltar es sobre qué puede recaer el pedido: las RIBA adoptan un criterio de identificación amplio, permitiendo que se soliciten categorías de documentos (artículo 3.3.ii) mientras que las RP lo limitan al pedido de un documento concreto (artículo 4.5). 

 

Ello supone una diferencia importante que podría significar una reducción considerable de la cantidad de solicitudes amparables, dado que el solicitar una exhibición supone que es un documento que la parte no tiene en su poder y, como consecuencia, puede que no conozca del todo sus características por lo cual el exigir la concreción del pedido podría ocasionar que simplemente este no se pueda realizar.

 

Es importante notar que, como consecuencia de las RP exigir más requisitos para solicitar una exhibición, menos pruebas pueden ser pedidas, por lo tanto, menos pueden ser aportadas al proceso y así, el juzgador tiene menos elementos de convicción para dirimir la controversia. Con menos elementos de convicción, el Tribunal tiene más posibilidades de incurrir en error, lo que afecta a las partes y al sistema de justicia en general.

 

Llama la atención que una de las principales motivaciones de las RP en el ámbito de las exhibiciones de documentos fue el aumentar la eficiencia porque se decía que este se usaba como un mecanismo para dilatar el arbitraje. Por ello, se limita (i) qué documentos se pueden solicitar, (ii) la oportunidad para pedirlo y (iii) el contradictorio (la objeción), ya que, por el contrario, el Tribunal decide sin la opinión de la contraparte.

 

Si bien es legítimo el fin, el mecanismo omite que son las partes quienes conocen mejor su proceso y son dueñas de sus propios intereses. Por ejemplo, si una parte pide un documento y la otra no tiene problema de entregarlo porque ello puede servir para llegar a la verdad no existe motivo por el cual involucrar al Tribunal o, peor aún, que este indique, incluso contra la voluntad de la otra parte, que dicho documento no se tiene que aportar. Si la otra parte objeta, es ahí cuando se requiere la participación de un tercero (el Tribunal) que dirima, no antes.

 

En ese aspecto, se podría sostener que las Reglas IBA son superiores en lo relativo a exhibición de documentos ya que, garantizan la autonomía de las partes, sin volverse irrestrictas ya que de todos modos imponen requisitos a las solicitudes, que, de incumplirse, el tribunal tiene la posibilidad denegar, siempre que haya una objeción previa (artículo 9.2), además de la sanción que como desincentivo plantea el artículo 9.7 de las Reglas IBA. Estas exigencias consiguen menguar las posibilidades de uso de la exhibición como un mecanismo dilatorio del arbitraje, protegiendo su eficiencia y generando muchos beneficios como aportar más elementos de convicción al juzgador.

 

  • Determinación de hechos por parte del Tribunal 

 

De acuerdo con el artículo 3 de las RP, los tribunales arbitrales tienen instrucciones de mantener un “papel proactivo en el establecimiento de los hechos (..) que consideren pertinentes para la resolución de la controversia”. En esta línea, por ejemplo, en el artículo 3.2, las RP estipulan que el tribunal está autorizado por iniciativa propia a (i) solicitar a las partes que presenten pruebas documentales o que pongan a disposición testigos, (ii) nombrar expertos, (iii) ordenar inspecciones y (iv) tomar cualquier otra acción que considere apropiada.

 

El artículo 3 de las RP establece que mientras las partes aún mantengan la responsabilidad de satisfacer sus respectivas cargas de la prueba, el tribunal arbitral tiene derecho y es alentado a asumir un papel proactivo en el establecimiento de los hechos del caso (…).

 

Por otro lado, el artículo 3.10 de las Reglas IBA, no muy alejado de las RP, otorgan la autoridad para ordenar la producción de documentos o tomar medidas por separado para obtener documentos por su propia iniciativa. De igual manera podemos notar que ocurre una situación similar con el nombramiento de expertos y las inspecciones ordenadas acorde a los artículos 6 y 7 de las RIBA.  

 

Asimismo, en la práctica bajo las RIBA los tribunales conservan una autoridad similar para realizar sus propias investigaciones de determinación de los hechos.  Con lo cual, se incluye una disposición expresa para alentarlos a participar proactivamente en investigaciones de determinación de los hechos con lo cual se puede esperar que este se desempeñe con un papel más sólido en la cuestión.

 

Así, existe en ambas reglas una regulación similar respecto de las facultades con las que cuenta el tribunal para la determinación de los hechos en disputa.

 

Por otro lado, además del deber del tribunal de investigar los hechos de la controversia, el artículo 7 de las RIBA aplican el concepto de derecho civil de iura novit curia, el cual exige que el tribunal encuentre y aplique en este caso las normas de derecho que considere más apropiadas, incluso si las propias partes no han planteado cuestiones de derecho especificas a lo largo del procedimiento. 

 

  • Testimoniales

 

Uno de los medios de prueba aceptados y usados con cuidado en el mundo arbitral, es la prueba testimonial, que es la que se realiza a través de un testigo, el cual se define como la persona que comparece ante un Tribunal para informar sobre determinados hechos que conoce. A dicha declaración se le llama procesalmente como testimonio. 

 

En el arbitraje el testigo puede ser normalmente cualquier persona, llámese agentes, representantes o empleados de las partes, y las razones más comunes para utilizarlos son varias, así por ejemplo las RIBA, señalan que son reforzar la evidencia ya presentada en apoyo de la afirmación de una parte(s), “llenar” un vacío probatorio cuando otras pruebas son insuficientes o ambiguas, o refutar la evidencia presentada por la otra parte.

 

Como bien se conoce, esta intervención de testigos suele darse mediante la presentación de declaraciones por escrito, que se presentan muy a menudo junto con algún escrito de las partes, de manera que la otra parte pueda presentar un testigo que refute dicho testimonio, y permitirá que, en algún punto del proceso, los árbitros puedan llevar a cabo una audiencia e interrogarlos sobre el contenido de sus declaraciones. Así también, aunque en menor medida en la práctica, el tribunal arbitral, también puede pedir la comparecencia de un testigo.

 

  • Declaraciones testimoniales según las Reglas IBA

 

Las RIBA poseen un carácter distinto a lo que veremos en la RP, puesto que quienes son los artífices del proceso son las partes, y depende de ellos seleccionar quienes son sus testigos que irán a la audiencia y quienes corresponde decidir que su testimonio reforzara la teoría del caso. 

 

Asimismo, las RIBA permiten que en cierta medida el Tribunal Arbitral pueda interrumpir, sin embargo, no al nivel de interrupción que permiten las RP. Bajo esa única óptica, se podría pensar que las Reglas de Prada poseen una ventaja notoria con las RIBA al brindar mayor libertad de las partes.

 

  • Declaraciones testimoniales según las Reglas de Praga

 

A diferencia de las RIBA, las RP poseen un rol más activo para el tribunal arbitral confiándole un factor determinante en la toma de declaraciones de testigos.  Bajo dichas normas un Tribunal, por ejemplo, podría decidir cuales son los testigos llamados a interrogatorio de audiencia. 

 

Dicha facultad está en el artículo 5.3 donde se señala que serán los árbitros quienes, antes o después de la declaración escrita del testigo, pueden decidir si su testimonio es lo suficientemente relevante para llamarlo o no a audiencia. Sin embargo, ello no significa que se descuide el derecho de las partes a la defensa, ya que si nos enfocamos por ejemplo en su artículo 5.7., este posibilita que, si una parte insiste en la comparecencia de un testigo que ya presentó su testimonio por escrito, igual el Tribunal deberá citarlo a la audiencia, salvo que pueda justificar no hacerlo. 

 

Otro de los puntos interesantes a rescatar es que el interrogatorio aquí es dirigido por los árbitros y estos podrían rechazar preguntas irrelevantes o que a todas luces no guarden relación con la controversia. Es decir, por sobre todo reina la discrecionalidad del colegiado. 

 

A fin de concluir este acápite podríamos decir que las RIBA, suelen preferir declaraciones de testigos al punto de que son casi ineludibles, mientras en la RP, se les da una menor importancia a las declaraciones de testigos en audiencia ya que incluso es posible prescindir de ellas. 

 

  • Peritos

 

Otro de los medios de prueba utilizados comúnmente en los procedimientos arbitrales son los peritajes, por cuanto en múltiples ocasiones, más allá de la discusión jurídica que implique el caso, es necesario aclarar situaciones de orden técnico-científicas y también legales, para lo cual el tribunal escucha y estudia la opinión profesional de un experto en el área de conocimiento objeto de duda.

 

La primera diferencia entre las RIBA y las RP que puede evidenciarse al comparar formalmente los reglamentos es que en las RP se regula este medio de prueba en un único artículo, el sexto, y este a su vez se subdivide en siete apartados. Por su parte, las reglas de la IBA regulan la institución pericial en dos artículos, el quinto y el sexto, regulando por separado dos situaciones: los peritos presentados por las partes y en otro artículo por los peritos a solicitud del tribunal.

 

  • Peritos a la luz de las Reglas de Praga

 

Es importante aclarar que este estatuto normativo establece la posibilidad de que el perito sea nombrado a solicitud de una parte o de oficio (artículos 6, 6.1), y establece cinco subreglas al momento de nombrar un perito, que son las siguientes: (i) atender a las sugerencias de las partes respecto a quién debería ser nombrado como perito, recalcando que el tribunal se encuentra habilitado para establecer los requisitos que considere pertinentes para el nombramiento del perito (cualificación, disponibilidad, costes) recalcando que las propuestas de las partes no son vinculantes para el tribunal; (ii) luego de oír a las partes, aprobar el acta de misión del perito nombrado; (iii) solicitar a las partes el pago de la mitad de los costes del trabajo pericial; (iv) solicitar a las partes aportar al perito la información y documentación requerida para el informe; (v) supervisar el trabajo del perito e informar a las partes del progreso. (artículos 6, 6.2).

 

Con ello es claro que la comunicación del perito es, inicialmente, con el tribunal, y este último es quien mantiene actualizadas a las partes. Sin embargo, las reglas establecen que el informe final debe ser emitido tanto al tribunal como a las partes (artículos 6, 6.3).

 

No es obligatoria la presencia del perito en audiencia para ratificar su informe, pero de ser necesario, puede solicitarse su comparecencia y pronunciamiento tanto por el tribunal de forma oficiosa, o a solicitud de parte (artículos 6, 6.4). Además, las RP establecen la posibilidad de que cada parte aporte su propio dictamen pericial, quien estará sujeto a la misma regla de disponibilidad para rectificar su informe en audiencia a solicitud del tribunal o de parte (artículos 6,6.5).

 

Finalmente, el tribunal podrá solicitar a cualquiera de los peritos que se encuentre participando en el procedimiento, acordar una lista de preguntas para resolver cuestiones relativas a sus informes, que se consideren necesarias para la solución de la controversia (artículo 6, 6.6), e incluso las reglas habilitan al tribunal para solicitar que, en caso de que existan varios peritos en el procedimiento, celebren una reunión y emitan un dictamen pericial conjunto.

 

  • Peritos bajo las Reglas IBA

 

Atendiendo a que las RIBA regulan por separado el escenario de los peritos bajo solicitud de parte y del tribunal, en primer lugar, se revisará lo respectivo a los peritos presentados por las partes.

 

Regulados por el artículo 5 de las RIBA, se plantea que las partes pueden presentar a los peritos como un medio probatorio para cuestiones especiales, dando a entender que la presentación en audiencia se hace a través de testimonio y va acompañada por un informe pericial (artículos 5, 5.1).

 

Una de las primeras diferencias que se evidencian es que, en las RIBA, se establece expresamente que debe contener el informe pericial, el cual tiene nueve formalidades que deben ser observadas por el perito para la elaboración del informe (artículos 5, 5.2).

 

Otra diferencia se encuentra en la posibilidad que plantean las RIBA de que las partes presenten al tribunal y a las otras partes, informes adicionales o complementarios, dentro de un plazo otorgado por el tribunal luego de haber presentado los informes periciales iniciales, aún de personas que no hayan sido identificadas previamente como peritos de parte (artículos 5, 5.3). Sin embargo, esta última posibilidad se limita únicamente a dos supuestos: (i) asuntos relacionados en declaraciones de testigos de la contraparte, informes periciales u otros medios de prueba no presentados previamente en el procedimiento; o (ii) nuevos descubrimientos que no hubiese sido posible dar a conocer en los informes periciales presentados previamente (artículos 5, 5.3, lit. a y b). Es importante indicar que la segunda de las causales precitadas fue incluida en la última versión de las RIBA del 2020, por cuanto la versión del 2010 solo contemplaba la primera como única causal.

 

De forma similar a lo dispuesto por las RP, en las RIBA se plantea la posibilidad de que el tribunal solicite a peritos que en el procedimiento estudien los mismos asuntos o relacionados, y brinden un único informe. Sin embargo, a diferencia de las Reglas de Praga, en las RIBA se plantea de forma un poco más detallada el contenido de este informe conjunto, aclarando que en el mismo se deben establecer claramente sobre qué cuestiones llegaron a un acuerdo, sobre cuáles no y las razones del disenso (artículos 5, 5.4).

 

Las RIBA establecen expresamente la consecuencia de la no comparecencia de un perito, al ser solicitada a la luz de lo dispuesto en el mismo reglamento, no siendo otra que la omisión del valor probatorio del informe presentado (artículos 5, 5.5). Así mismo, establece que, si no se requiere al perito para que se presente en audiencia, ninguna de las partes ha aceptado la exactitud del informe pericial (artículos 5, 5.6).

 

Por otra parte, el artículo 6 de las RIBA, regula lo referente a los peritos nombrados de oficio por el tribunal arbitral. En este reglamento pareciera haber una participación más activa de las partes frente al nombramiento del perito por parte del tribunal, por cuanto el mismo debe consultar a estas sobre la necesidad del perito, los términos del asunto a consultar (artículos 6, 6.1) e incluso, establece la obligación del perito de presentar al tribunal y las partes una descripción de sus estudios y experiencia, así como una declaración de su independencia frente a las partes (artículos 6, 6.2).

 

Las partes, a su vez, luego del nombramiento del perito, podrán presentar objeciones al nombramiento de este, las cuales deberán ser debida y oportunamente estudiadas por el tribunal, solamente si se fundamenta en causas conocidas luego del nombramiento (artículos 6, 6.2).

 

Las RIBA plantea que los peritos nombrados por el tribunal, puede solicitar a las partes información o documentos para realizar su informe, siempre y cuando se atienda a las reglas dispuestas en los artículos 9.2 y 9.3 del reglamento. Es importante recalcar que en la nueva versión del RIBA ya no se considera que el perito nombrado por el tribunal cuente con la misma autoridad para solicitar información, que el tribunal.

 

Por último, las RIBA plantean que el perito nombrado por el tribunal deberá comparecer a una audiencia, en la cual el perito pueda ser interrogado por las partes o el tribunal. Las partes podrán contradecir lo dicho por el perito nombrado por el tribunal, mediante la declaración de su propio perito, o un informe de este (artículos 6, 6.5).

 

Así las cosas, se encuentra que las RIBA tiene una visión de un tribunal arbitral más proactivo frente al nombramiento de peritos. Además, es evidente que la regulación de la IBA es más específica, por cuanto detalla el contenido de los informes, estableciendo incluso diferencias si se trata de un informe de un perito de parte o nombrado por el mismo tribunal.

 

También regula de forma expresa cuestiones relativas a la refutación del nombramiento del perito nombrado por el tribunal, las consecuencias de la no comparecencia del perito a audiencia, entre otros detalles que no son objeto de regulación por las RP.

 

  • Conclusiones

 

Tanto las Reglas de Praga como las Reglas IBA sobre práctica de la prueba son instrumentos de gran valor que sirven para complementar las disposiciones legales y el acuerdo de las partes sobre esta parte del proceso. Generalmente, se asocia a las Reglas de la IBA con las prácticas probatorias del common law, y a las Reglas de Praga con el sistema probatorio del derecho continental. En cada uno de los elementos probatorios, se encuentran semejanzas y diferencias entre los dos instrumentos. 

 

Respecto de la prueba documental, las Reglas de Praga contienen preceptos que limitan la exhibición de documentos. A diferencia de las Reglas IBA, los documentos tienen que pasar por el filtro del tribunal arbitral debido al sistema inquisitivo, y además existen requisitos específicos que debe cumplir el documento para ser practicado. Con base en ello, se ha determinado que las Reglas IBA permiten una mayor flexibilidad y por tanto permiten una mayor eficiencia en la práctica probatoria dentro de un arbitraje, garantizando efectivamente la voluntad de las partes.  

 

En cuanto a los peritos, nuevamente se encuentra una restricción en las RP que no se encuentre en las RIBA, referente a la posibilidad de practicar exámenes periciales realizados por un perito designado exclusivamente por el tribunal. De igual forma, el Tribunal Arbitral tiene potestades más inquisitivas respecto de la admisibilidad e intervención dentro de las declaraciones testimoniales, cosa que no sucede en aplicación de las Reglas IBA. 

 

Como ha quedado evidenciado, comparativamente frente a las RIBA, las RP limitan la posibilidad de las partes de pronunciarse (y, como consecuencia, ser oídas) y su autonomía dentro del proceso, puesto que el juzgador tiene un rol activo y determinante en la obtención de pruebas. Además, la revisión de las Reglas de la IBA en el 2020, regula ciertos aspectos referentes a la virtualidad y las audiencias a través de medios telemáticos respecto de la práctica de la prueba, lo cual lo hace un instrumento más completo y actualizado. 

 

Una gran ventaja del procedimiento arbitral es que se adecua a las necesidades de las partes. A diferencia del judicial donde los plazos suelen ser establecidos por ley, en el arbitraje las partes pueden fijar un calendario procesal en función de sus necesidades según las particularidades y complejidades del caso. Si el arbitraje empieza a asemejarse al fuero ordinario se vería ampliamente desincentivado. Las RIBA y las RP, si bien no son de obligatorio cumplimiento, brindan en gran medida pautas predefinidas que pueden ser útiles para el tribunal arbitral cuando se trata de cuestiones relacionadas con la presentación de documentos y la admisibilidad de las pruebas. 

 

  • Referencias bibliográficas
  1. Reggiardo, M., & Dibos, E. (2019). Las reglas de Praga no son tan malas como parecen. Forseti. Revista De Derecho, (10), 7 – 28. https://doi.org/https://doi.org/10.21678/forseti.v0i10.1096
  2. Blanco, G. J. (2016). La prueba de testigos en el arbitraje. Justicia: revista de derecho procesal, (1), 463-487.

Integrantes:

  • Cristina Arash Tantaleán Marcatoma. Estudiante de la Universidad del Pacífico. Miembro del equipo ganador de la Competencia Internacional de Arbitraje 2021.
  • Felipe Castro Zurita. Estudiante de Jurisprudencia en la Universidad San Francisco de Quito. Coordinador del Instituto Ecuatoriano de Arbitraje.
  • Valeria Camila Moreno Machin. Egresada de la Universidad del Pacífico. Oradora del equipo ganador de la Competencia Internacional de Arbitraje 2021.
  • Nicolás Portilla Vargas. Abogado egresado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Asesor en derecho corporativo y propiedad intelectual.
  • Stephanie Mitchelle Uribe Caycho. Abogada de la Universidad Nacional Federico Villarreal (Perú). Asesora Legal Jr de China Gezhouba Group Company Perú (CGGC).

 

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