Alejandro Ignacio Ramírez Padrón (Venezuela), Alfredo Leonardo Eube Madussi (Argentina), Lizbeth Daniela García Rivera (Honduras) y Víctor Enrique Medrano Bejarano (Perú)

Introducción

En el correcto accionar del árbitro descansa gran parte de la confianza y la eficacia del arbitraje como método de resolución de controversias. Ser un buen árbitro implica no solo un cúmulo de habilidades humanas y profesionales, sino que además resulta esencial ser independiente e imparcial.

Esta premisa se ha consolidado como una verdad histórica, puesto a que ya desde los orígenes del arbitraje se mostraba preocupación acerca de garantizar la independencias e imparcialidad del árbitro.

De tal manera, podemos encontrar vestigios históricos en el derecho de Castilla bajo Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, las cuales constituyeron un instrumento normativo de gran importancia para la América española durante la época colonial que trascendió hacia las incipientes naciones producto de las guerras de independencia que tuvieron lugar en la región.

Concretamente en la Partida III, Título IV, Ley X se decía respecto a los jueces que:

(…) [E]l juez, demandante y demandado son tres personas quienes… deben aparecer en todo juicio. Por esa razón, (…) un juez no tiene autoridad y no debe oír, o decidir un caso, en el que estén envueltas sus propiedades o cuando tenga intereses en el caso; porque u hombre no debe ocupar dos posiciones como, por ejemplo, la de juez y demandante (…).

Concomitantemente, sobre el arbitraje, en la Partida III, en su Título IV, en la Ley XXIV, se aseveraba que:

(…) Eso mismo sería de un pleito que un hombre tuviese contra otro. Pues ninguno de ellos lo puede poner en manos de aquel con quien contiende para que lo resuelva como árbitro. Si lo hiciese, no valdría lo que mandase (…).

Mientras que la misma Partida III, bajo el Título IV, la Ley XXI, completan de la siguiente manera:

(…) El odio debe ser evitado. Por ello cuando se descubre que un árbitro es enemigo de cualquiera de las partes, luego que el asunto le ha sido encargado, la parte afectada puede denunciarlo ante un hombre bueno para que no continúe con el caso (…) ; y si rehúsa separarse (…) esa parte afectada puede llevar el asunto ante el juez ordinario quien, una vez que el asunto haya sido probado, debe (…) prohibir al árbitro actuar desde entonces (…) Asimismo (…) si hay alguna recompensa o regalo que se haya dado o se haya prometido a un árbitro, ha de procederse de la misma manera (…).

Al día de hoy, sigue siendo una preocupación la independencia e imparcialidad del árbitro y por ello continúa guardando relevancia la figura de la recusación. En un mundo como el actual, globalizado y complejo, en donde las relaciones humanas se han ido transformando, es comprensible que resulte difícil detectar si se cumplen o no los estándares adecuados de independencia e imparcialidad que procuren tanto la satisfacción de las partes como el desarrollo de un juicio justo.

Es así como han surgido numerosas iniciativas y esfuerzos por parte de la comunidad internacional que busca apoyar en dicha actividad intelectual, encontrando –por ejemplo- el desarrollo de normativas soft law, la creación de códigos de éticas por parte de los Centros de Arbitraje, el establecimiento de formularios o guías para el autoconocimiento del árbitro, entre otras.

Ante tal desafío, es propicio replantearse las bases que configuran la recusación, así como discernir entre las alternativas que guardan los distintos sistemas y familias del derecho para lograr encontrar las mejores y más sanas prácticas del arbitraje moderno. Siendo la recusación cada vez más frecuente, aunque simultáneamente continua siendo excepcional al presentarse solo en una minoría de casos.

De tal forma –en el presente artículo- nos dispondremos a abordar los 4 aspectos más suscitados que envuelven a la recusación en el arbitraje internacional. Primero, diferenciar y delimitar la noción de independencia e imparcialidad. Segundo, aproximar al lector a las distintas etapas y peculiaridades procesales de la recusación. Tercero, precisar aquellos factores estratégicos que la doctrina ha considerado importante al decidir ejercer la recusación contra un árbitro. Cuarto, cómo debe decidirse la recusación una vez se ejerció.

  • ¿Qué se entiende por independencia e imparcialidad?

Estos son términos que, aunque en el lenguaje cotidiano se usen como sinónimos, dentro del contexto jurídico –y en su sentido estricto- no lo son a pesar de las múltiples similitudes que guardan. Según José María Alonso Puig, “la independencia es un concepto objetivo, apreciable a partir de las relaciones del árbitro con las partes, mientras que la imparcialidad apunta más a una actitud o un estado mental del árbitro, necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le plantea.

La mayoría de las legislaciones no suelen dar conceptos sobre ellos, sino que se limitan a simplemente enunciarlos. Incluso en algunas legislaciones ni siquiera son enunciados. Por ejemplo, en Francia no se encuentran de manera expresa en la ley, pero la jurisprudencia los ha entendido como inherentes a la actividad jurisdiccional. Esto frente a otros países que reciben refuerzo al ser positivizado en la ley, como es el caso de: Alemania, Bélgica, Holanda, Brasil, Turquía, Finlandia, Guatemala, Grecia, Egipto, Japón, España o Venezuela, Argentina, Honduras y Colombia. Por otro lado, en Inglaterra y Suecia suelen referirse solo a la imparcialidad, y no a la independencia.

No siendo el anterior supuesto una cuestión propia del derecho anglosajón ya que, por ejemplo, en Estados Unidos suelen referirse a la independencia, aunque de fondo no existe realmente una distinción entre ambos criterios. Como señala Michele Taruffo, “los problemas a los que a menudo nos referimos, con frecuencia se reconducen a las cuestiones que tienen que ver con la independencia del juez, sin que se trace una clara distinción entre los dos conceptos. Por esta razón, es sobre todo la independencia del juez la que es objeto de atención y de estudio mientras que a la imparcialidad se le dedica apenas alguna alusión (…).

Al llevar el objeto de análisis a los reglamentos de arbitraje, José María Alonso Puig hace la misma observación acerca de la diversidad terminológica:

Similares diferencias terminológicas se aprecian en los distintos reglamentos de arbitraje de las instituciones arbitrales. Así, el artículo 7, inciso 1 del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París (CCI) sólo hace referencia explícita a la independencia, mientras que los reglamentos de arbitraje del London Court of International Arbitration (LCIA) (artículo 5, inciso 2), la American Arbitration Association (AAA) (artículo 7, inciso 1) y el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (artículo 5, inciso 4), así como las más recientemente aprobadas Swiss Rules of International Arbitration (artículo 9, inciso 1), siguen la fórmula UNCITRAL de referirse tanto a la independencia como a la imparcialidad del árbitro.

Ahora, jurisprudencialmente se ha definido a la independencia por argumento en contrario al conceptualizar dependencia, que en palabras de la Corte de Apelaciones de París es “un vínculo material con una de las partes litigantes de manera tal que pueda afectar la decisión del árbitro, representando un riesgo de sesgo a favor de una de las partes litigantes.

Encontrándose esta variedad de redacciones y expresiones jurídicas dentro de las normas, la jurisprudencia y la doctrina de diversos países, es posible plantearse ¿cómo debe ser un árbitro entonces? ¿debe ser imparcial? ¿debe ser independiente? ¿ambas?

Sobre lo anterior es preciso explicar que aun cuando se tome distintas posturas terminológicas y que en sentido estricto ambos términos no sean exactamente iguales, por la pureza perseguida en la actividad jurisdiccional y la búsqueda de justicia que entraña, el árbitro debe ser –como afirmamos en la introducción- independiente e imparcial, es decir, ambas. Porque el deslinde objetivo y subjetivo es el que permitirá manejar el caso desde el mandato de la razón y la norma, evitando desviaciones emocionales o personales que nublen el intelecto.

Sin embargo, sigue quedando una diferencia si nos referimos a la literalidad del lenguaje usado alrededor del mundo –donde la tendencia ha anulado el conflicto al referirse a ambos conceptos simultáneamente- pero que es subsanada desde dos ópticas: a) la interrelación que existe entre ambos conceptos en donde uno procura al otro, haciendo necesario resguardar a uno, aun cuando la literalidad de la norma no lo mencione en específico; o b) comprender que ambas son actividades inherentes al rol jurisdiccional del árbitro y por ello no es necesaria la contemplación expresa dentro del ordenamiento jurídico, o simplemente se puede interpretar uno de los conceptos de manera omnicomprensiva.

Es así como en el arbitraje internacional se reafirma la idea de que todo árbitro debe ser independiente e imparcial. Sobre esta necesidad encuentra razón de ser la recusación, la cual viene a ser un método de remoción de aquel árbitro que no se encuentre cónsono con estos estándares mínimos exigidos.

  • ¿Cómo transcurre el proceso de recusación?

Las partes –en su libre autonomía de la voluntad- pueden incorporar procesos para la recusación de los árbitros. Esto puede abordarse mediante la inclusión de un reglamento como derecho aplicable que generalmente suelen tener procedimientos específicos para la recusación, o mediante un diseño propio de las partes del proceso de recusación.

Paralelo a ello, está la posibilidad de que las partes ejerzan la recusación en sede judicial acudiendo a los tribunales nacionales. Sobre esta clasificación, la doctrina nombra al primero como a) procedimientos de recusación institucional, y al segundo como b) procedimientos para la recusación y sustitución de árbitros conforme a la legislación nacional. La recusación institucional suele ser más usada y más beneficiosa ya que se considera que resuelve la recusación de manera más expedita y al mismo tiempo aporta certidumbre puesto a que generalmente quienes resuelven son personas más especializadas.

Adentrándonos en el tema, el instituto de la recusación como todo dispositivo procesal es factible de ser analizado desde una faz estática en lo que hace a sus requisitos (legitimación, temporaneidad y forma) como así también desde una faz dinámica, es decir, sobre sus efectos.

La mayoría de las legislaciones modernas han receptado, en mayor o menor medida, las líneas establecidas por la Ley Modelo de la CNUDMI de Arbitraje Comercial Internacional que ha definido los plazos para la interposición de la recusación, ante quién debe interponerse, quién y cuándo puede hacerlo según ese arbitro haya sido designado o no por esa parte (legitimación), si la tramitación del proceso de recusación e incluso la impugnación de su rechazo tendrá efectos suspensivos. Para ello analizaremos la regulación de la Ley Modelo CNUDMI, la Ley de Arbitraje Comercial Internacional de Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Tanto en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional y la Ley de Arbitraje Comercial Internacional Argentina, cuyo texto se funda en la primera, encontramos que prevalecerá el procedimiento de recusación que las partes hayan pactado. En su defecto, se regirá por el procedimiento establecido en el art. 13 de Ley Modelo y art. 30 y ss. de la Ley Argentina. 

El primer elemento que se regula es el límite temporal para interponer la recusación del árbitro. El dies a quo está dado por la toma de conocimiento de la constitución del tribunal arbitral o de las circunstancias mencionadas en el art. 12 Ley Modelo y art. 28 Ley Argentina (causales genéricas y específicas de recusación). El plazo para presentar por escrito los motivos en que funda la recusación es de cinco (5) días.  

En caso de rechazo de la recusación, desde el momento de su notificación el recusante tendrá treinta (30) días para solicitar ante el tribunal competente conforme el art. 6 Ley Modelo y art. 13 Ley Argentina (Cámara de Apelaciones con competencia en lo comercial de la sede del arbitraje) que se declare la procedencia de la recusación. 

No obstante, el recurso señalado en el párrafo anterior no tendrá efecto suspensivo por lo que “mientras esa petición esté pendiente, el tribunal arbitral, incluso el árbitro recusado, podrán proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo” (art. 13 Ley Modelo y art. 31 Ley Argentina). Esta última decisión, será irrecurrible.

En cuanto a legitimación para recusar, las partes podrán hacerlo incluso en contra del árbitro propuesto por cada una de ellas. Pero en este último caso, los motivos de la recusación deben ser sobrevinientes al nombramiento.

La Ley de Arbitraje Comercial Internacional Chilena regula al procedimiento de recusación de manera idéntica al sistema de la Ley Modelo en lo que hace a plazos, formas e incluso efectos del proceso de recusación donde aún durante la petición ante la Corte de Apelaciones en caso de rechazo del pedido de recusación por parte del Tribunal, este último podrá proseguir las actuaciones arbitrales y dictar laudo.

La Ley General de Arbitraje Peruana establece que, una vez iniciado el proceso arbitral, la parte recusante “debe hacerlo inmediatamente después de conocida la causa que la motiva” más impone como límite temporal que no se haya vencido el plazo probatorio. Contra la resolución dictada por el Juez competente según el art. 23 o el tribunal colegiado sin el árbitro recusado o la institución organizadora del arbitraje, no procede remedio impugnatorio alguno. 

En relación a los efectos del procedimiento recusatorio la ley señala que “El trámite de recusación no interrumpe la prosecución del proceso arbitral”

La Ley Uruguaya de Arbitraje Comercial Internacional resulta de similar contenido a la Ley Modelo en cuanto establece que en primer lugar primará el procedimiento de recusación que las partes hayan acordado. En defecto de tal acuerdo, la parte recusante deberá presentar el escrito de recusación dentro de los quince (15) días de conocida la constitución del tribunal arbitral o del hecho que la motive. De igual manera al régimen argentino, existe un medio anormal de resolución del procedimiento de recusación ya sea a través de la renuncia del árbitro recusado a su cargo o que la otra parte acepte su recusación. En caso que el Tribunal rechace la recusación, la parte recusante podrá solicitar dentro de los treinta (30) días de notificada ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil competente que decida sobre la recusación. 

En cuanto al efecto de dicha impugnación, a diferencia del régimen de la Ley Modelo, tendrá efecto suspensivo y el tribunal arbitral deberá suspender sus actuaciones hasta que sea resuelta la recusación o haya transcurrido el plazo de sesenta días que tiene dicho Tribunal para decidir. 

La Ley de Arbitraje Comercial de Venezuela regula en su Capítulo V de la recusación o inhibición de los árbitros. Establece un plazo bastante menor al del resto de las legislaciones para la interposición de este recurso. En el art. 35 señala que tendrán cinco (5) días hábiles desde la notificación de la constitución del tribunal para recusar a los árbitros. 

Señala también como limite a la legitimación para recusar que los árbitros nombrados por acuerdo de las partes no podrán ser recusados sino por causales sobrevinientes a su nombramiento. En este caso, el plazo que tendrá el recusante será de cinco (5) días hábiles desde que tuvo conocimiento de dicha causal. 

En cuanto al procedimiento dado a la recusación establece que el árbitro recusado tendrá cinco (5) días hábiles para manifestar su aceptación o rechazo desde que le sea notificada la petición y posterior a ello, los restantes árbitros tendrán cinco (5) días hábiles más para pronunciar su posición que se dará a conocer en audiencia convocada a tal efecto. 

En caso de que fuere arbitro único o hubiere empate será el Juez competente de primera instancia quien decida y su decisión resulta inapelable. En cuanto al efecto del procedimiento recusatorio, este resulta suspensivo desde el momento que se inicie dicho trámite y hasta su resolución. No obstante, quedarán a salvo la validez de los actos realizados con anterioridad.

Es de recordar que paralelo a todo lo anterior, las partes pueden decidir la aplicación de un reglamento arbitral que regule la recusación y esto se traduce en enormes ventajas al excluir a la jurisdicción estatal como señalamos anteriormente.

  • ¿Qué factores estratégicos deben considerarse al decidir recusar un árbitro?

Un factor que debe considerarse al decidir recusar es el costo económico y el tiempo que implica para ambas partes. Un remedio que suelen incluir los reglamentos de arbitraje, es el uso de fórmulas como la aceptación de la recusación por la parte contraria del que la ejerce o la posibilidad de renuncia del propio árbitro, ambas suelen ocurrir con poca frecuencia, pero terminan acabando la disputa de la recusación de manera inmediata. Cabe acotar que ni la aceptación ni la renuncia implican la confirmación de que dicho árbitro fue dependiente o parcial, encontrando quizás en esa característica el incentivo para que –el árbitro que actúo mal- decida retirarse y así permitir la fluidez del proceso arbitral principal.

Uno de los puntos que han sido debatidos en la doctrina es si al accionar la recusación y por consiguiente notificarle al árbitro que sobre él recaerá dicha acción, si estas circunstancias predisponen al árbitro en su decisión final a favor de la parte contraria.

Entre los partidarios de que sí podría influir al árbitro, encontramos a los redactores del Reglamento de la American Arbitration Association (Estados Unidos) quienes en el diseño de su sistema de recusación contemplaron un modelo bastante distinto a lo usual en donde no se notifica al árbitro que se recusa, incluso se les prohíbe a las partes que informen al árbitro que está siendo recusado. Es por eso que también concibe la creación de un comité específico para dirimir las recusaciones, es este quien recibirá y resolverá para posteriormente, en caso de confirmarse la recusación, notificar al árbitro que deberá cesar en funciones. Esta destitución del árbitro se da sin explicación de motivos.

Sin embargo, este modelo también tiene detractores ya que lo consideran poco efectivo por las siguientes razones: a) no permite que el ente decisor escuche los comentarios del árbitro que podrían contribuir a esclarecer la verdad y al ejercicio de su respectiva defensa; b) al no ser notificado, se impide la posibilidad de que el árbitro decida retirarse voluntariamente, posibilidad que cuando es permitida se traduce en ahorrar dinero y tiempo a las partes.

Además, el modelo que adopta el Reglamento de la AAA parte de falsos supuestos como lo son que: a) El principal, que los árbitros recusados tendrán mala disposición hacia la parte recusante, cuestión que en la mayoría de los casos no es así, sobre todo si consideramos los riesgos que podrían representarse para el árbitro en un control posterior del laudo –que al mismo tiempo podría repercutir en su carrera como árbitro donde la reputación posee gran relevancia-; b) Que los árbitros no se enterarán por canales informales de la recusación, lo cual siempre es una posibilidad fácilmente materializable.

Otra interrogante que orbita en el presente tema es si debe haber un sistema-modelo de recusación uniforme o debe haber varios sistemas-modelos de recusación. Los que están a favor de un modelo uniforme consideran que admitir diversos modelos de recusación es incentivar la instauración de un fórum shopping en donde las partes decidan estratégicamente según el grado de independencia e imparcialidad que requieran, lo cual pareciera ser cuestionable. Sin embargo, debemos hacer la advertencia de que la admisión de distintos modelos pareciera ser cónsono con un pensamiento más pro-libertad en donde se reconozca al estándar de independencia e imparcialidad en consideración de elementos culturales y propios de cada familia del derecho. Quizás, una posible interrogante más refinada que podría formularse es ¿hasta qué grado de uniformidad?

Además, si se elige la uniformidad, cómo se determinaría qué modelo escoger, ¿podría hacerse de manera racional o sería una mera imposición de la fuerza? Son preguntas que quedan abiertas y que por su grado de profundidad no pretendemos abordar plenamente en el presente artículo.

  • ¿Cómo debe decidirse una recusación ejercida?

Una posible duda que puede plantearse es ¿quién la decide? Como comentábamos anteriormente, dependerá del sistema y las reglas que se adopten para dicho arbitraje. 

Encontrando las siguientes hipótesis: a) Que la decida el mismo tribunal arbitral excluyendo al árbitro sobre el que recae la recusación, a lo cual algunos esgrimen en su contra que dichos árbitros restantes no poseen la independencia suficiente para decidir por encontrarse en el mismo tribunal arbitral, además de que –siendo un número par- se enfrentan ante la posibilidad de decisiones contradictorias que no conlleven a una decisión final certera; b) A raíz de las críticas anteriores, algunos sistemas han optado por encomendar dicha decisión a un comité especializado e independiente del tribunal arbitral –así ocurre, por ejemplo, con el ICAS y las recusación ejercidas contra árbitros pertenecientes al Tribunal Arbitral du Sport (Suiza). Sin embargo, también ha despertado críticas en cuanto a la forma de elegir a dichos miembros del comité de recusación; c) Siempre estará la posibilidad de que la resuelve un tribunal estatal al que la ley le atribuya competencia, no obstante, posee los mismos defectos característicos de la jurisdicción estatal; d) existen sistemas híbridos que combinan las modalidades anteriores, pero que igualmente se les critica por confundir a las partes o prestarse para actuaciones de mala fe.

En nuestra opinión, el sistema per se no es malo ni bueno, esa variedad de modelos en algunos momentos ha demostrado funcionar mientras que en otros pocos momentos han fallado. La verdadera efectividad depende de otras variables distintas al diseño del sistema y esas discusiones ya se encuentran superadas desde las últimas dos décadas al darse cuenta de que todos los modelos poseen falencias.

Otra cuestión por aclarar es sobre la naturaleza de los motivos de recusación. Se suele cometer el error de arrastrar posturas anacrónicas y vetustas, propias del Derecho Procesal Civil estatal, que considera que los motivos de recusación del juez son causales. Esta interpretación nos conduce a lidiar con la literalidad de los supuestos, por tanto, al no estar específicamente tipificado, no podría alegarse la recusación, aunque en la realidad se esté afectando la probidad del árbitro y con ellos los intereses de las partes. Asimismo, al ser causales, la interpretación jurídica que corresponde es la de un mandato de cumplimiento pleno, no dando lugar a una interpretación de mandato de cumplimiento gradual que podría ser más acorde a la práctica.

Hoy en día se sostiene la interpretación correcta de que los motivos de recusación no son causales, sino que son estándares. De hecho, dicha aseveración se comprende –dentro del marco del Derecho Deportivo- como una regla de lex sportiva ampliamente recogido por la jurisprudencia del TAS. También ha sido reconocido por las Reglas IBA sobre conflicto de intereses antes citadas.

Otra arista que reviste este capítulo es la referente a la motivación que deben de tener los decisores. Existen algunos sistemas de recusación –sobre todo de corte anglosajón- que optan por no exigirles a los decisores que justifiquen su veredicto ya que esto sumaría mayor tiempo a la consecución del fallo y abriría espacio para recelos por el desacuerdo con la motivación. Frente a esa postura, están los modelos –sobre todo de corte continental- que exigen la motivación de la decisión partiendo de la premisa de que constituye una afectación en la esfera de derechos del árbitro y por tanto debe motivarse permitiendo ejercer el control sobre la decisión.

En nuestra opinión, ambas posturas tienen sus aciertos y la elección de uno u otro dependerá de si se prefiere la celeridad o la seguridad jurídica. Siempre quedando la posibilidad de conciliar entre ambas posturas y exigir una mínima motivación.

Referido al contenido de los motivos de recusación, la doctrina ha especificado que la principal razón es la ausencia de independencia e imparcialidad, pero algunos reglamentos –sobre todo anglosajones- conciben motivos distintos que complementen el anterior, por ejemplo, la insatisfacción de una de las partes con un árbitro que se encuentra en el grado tal que haga imposible la continuidad del procedimiento o que el árbitro sea incomprensivo o incompetente. Por ejemplo, que ocasione dilaciones en el proceso o que no sea consecuente con el mandado que le otorgan las partes en el arbitraje.

Pero a grandes rasgos, los motivos de recusación basados en la independencia e imparcialidad suelen ser los mismos en el derecho comparado. Claridad que no tenemos ante otra duda que también se presente en el foro respecto a si es posible modificar por vía contractual los motivos de recusación contemplados en la norma, ya que pareciera que ciertas normativas no lo permiten.

Igualmente se discute si se deben publicar las recusaciones, que a nuestro parecer sería positivo ya que permite generar criterios y tener mayor grado de seguridad jurídica. Empero, es importante que dicha publicación se haga con las debidas garantías dirigidas a proteger –por ejemplo- la confidencialidad del proceso. 

Conclusiones

En consideración a los argumentos anteriormente expuestos, es posible concluir que la recusación es un mecanismo de gran importancia para el desarrollo del arbitraje, protegiendo la independencia y la imparcialidad al igual que la satisfacción y la eficacia del proceso.

Aunado a ello, para su correcto y responsable ejercicio, es menester conocer de manera íntegra dicha institución jurídica. Esto conlleva a a) la revisión del curso procesal que ha de transcurrir desde la interposición hasta su respectiva decisión y consecución de efectos; b) la consideración de aspectos colaterales que influyen en la decisión de ejercer la recusación partiendo de la elaboración de estrategias que permitan gerenciar el riesgo del litigio de manera óptima; c) la comprensión tanto de los motivos como del razonamiento jurídico que ha de aplicar el decisor que reciba dicho mecanismo.

Es bajo las cuatro preguntas que hicieron de eje en el presente artículo que encontramos los fundamentos de la recusación arbitral. Algunas no tendrán respuestas únicas, en otras el debate estará aparentemente zanjado, sin embargo, es sobre el ejercicio del cuestionamiento que la humanidad ha podido revisar las instituciones y sus regulaciones para adaptarlas a las necesidades del mundo cambiante que vivimos.

 

Bibliografía y referencias

Doctrina

Doak Bishop, Craig Miles and Roberto Aguirre Luzi (2007). Interviewing and selecting arbitrators. En: Latin Lawyer. Vol. 6, No. 1.

Enrique Barros Bourie y Andrés Germain Ronco. Los conflictos de interés en el arbitraje internacional. Disponible en: https://www.camsantiago.cl/wp-content/uploads/2020/05/Conflictos-de-Inter%C3%A9s-en-el-Arbitraje-Internacional-VF.pdf (Última consulta: 11/02/22).

Francisco González de Cossío. Independencia, imparcialidad y apariencia de imparcialidad de los árbitros.

Gary Born (2014). International Commercial Arbitration. Tomo II. Países Bajos: Kluwer Law International.

José Eloy Anzola (2011). Independencia e Imparcialidad de los árbitros. En: Memoria Arbitral. Caracas: CEDCA.

José María Alonso Puig (2005). Los árbitros: selección, recusación y reemplazo.

Michele Taruffo (2010). Páginas sobre la justicia civil. España: Marcial Pons.

Société KFTCCIC vs. Société Icori Estero. Corte de Apelaciones de París (28 de junio, 1991).

AUTORES

Alejandro Ignacio Ramírez Padrón (Venezuela) | Abogado y cursante de la Especialización en Derecho Mercantil por la Universidad Católica Andrés Bello. Subdirector editorial de la Revista Principia (Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias de la Universidad Monteávila).

Alfredo Leonardo Eube Madussi (Argentina) | Abogado y maestrando en Derecho Civil Patrimonial por la Universidad Nacional de Córdoba. Becario de la Secretaría de Ciencia y Tecnología – UNC.

Lizbeth Daniela García Rivera (Honduras) | Estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Víctor Enrique Medrano Bejarano (Perú) | Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

 

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