Campos Hinostroza, Leonardo ( Perú); Diana Franco, Belén (Paraguay); Perdigón, Juan David (Colombia); Velasco, Milagros ( Argentina) y Zenteno Santivañez, Francisco ( Bolivia)

  • INTRODUCCIÓN

 

Autorizada doctrina peruana asegura que el arbitraje viene “procesalizándose”; es decir, está siendo contaminada con las prácticas del rígido proceso civil (Cantuarias y Serván, 2019). En la misma línea, Kundmüller (2012) señala que el arbitraje se “jurisdiccionaliza” y “procesaliza” cada vez más, regresando al “redil” de la jurisdiccionalidad estatal y dejando de ser una “oveja descarriada” del Derecho. 

 

Ya sea que esto es producto del desconocimiento de los árbitros u otros factores, los más perjudicados son las partes pues el arbitraje ya no será ese traje a la medida que necesita la controversia para ser resuelta.

 

Así, ante esta “estandarización evolutiva”, Bullard sostiene que la solución será crear normas que puedan incorporarse por acuerdo de las partes o ser usadas como elementos ilustrativos u orientadores por el Tribunal arbitral, así no se hayan pactado. De este tipo de reglas se desprenden las llamadas “buenas prácticas arbitrales”, las que pueden ser definidas como aquellos estándares para la conducción del proceso arbitral que tanto árbitros como abogados asesores del proceso deberían aplicar para mantener un elevado nivel de eficiencia, imparcialidad y justicia durante la resolución de su controversia (Welser y De Berti, citado en Rojas, 2021).

 

En palabras de Bullard, la estandarización evolutiva nos lleva a la creación de normas tanto procesales como de derecho sustantivo, que no son en escrito vinculantes, pero pueden incorporarse por acuerdo de las partes o ser usadas como elementos ilustrativos u orientadores por el Tribunal arbitral así no se hayan pactado. Estas son las normas que se les conoce como soft-law. Son reglas que sin ser obligatorias en la práctica pueden ser aplicadas y que, se entiende, son expresión de los usos y costumbres arbitrales.

 

En conclusión, el rol del soft law es que organizan reglas prácticas producidas por órdenes espontáneas. Se prefiere que el uso de las mismas sea referencial y no vinculante. Este es un rol similar a los restatements del common law. Estos son consistentes con un orden espontáneo y son una alternativa al uso de órdenes constructivistas.

 

En consideración de los antecedentes descritos, dentro del presente artículo se desarrollará y analizará aquellas buenas prácticas en materia arbitral que en los últimos años se han instaurado y aplicado en diferentes países de Latinoamérica, desde avances normativos hasta la aplicación de soft law, a fin de poder dar a conocer los mismos y que en un futuro estas puedan ser aplicadas en otras jurisdicciones.

 

  • BUENAS PRÁCTICAS EN LA REPÚBLICA DEL PERÚ

 

En el Perú se ha venido “desjudicializando” el arbitraje mediante la implementación y promoción de algunas “buenas prácticas” arbitrales que permitan una conducción eficiente del procedimiento y, sobre todo, que este se adapte a cada una de las controversias.

 

Así, los centros de arbitraje han sido los precursores en la promoción de este tipo de prácticas. Tenemos, por ejemplo, al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (en adelante, la “CCL”) que en el 2020 emitió tres “Notas Prácticas” que establecieron directrices que permitieron la adaptación a la virtualidad. Otra institución es el Centro de Arbitraje de AmCham Perú (en adelante, “AmCham”), que emitió en 2020 una Guía de Arbitrajes Virtuales con el fin de preservar, aún en épocas pandémicas, la celeridad y eficacia de los procedimientos arbitrales. Veamos.

 

El uso de la tecnología para una mejor comunicación entre las partes y el Tribunal

 

La Guía de AmCham recomienda a las partes que todo escrito o comunicación sea enviado vía correo electrónico con copia a todas las partes, los  miembros del Tribunal Arbitral y la Secretaría General. De manera análoga, la CCL señala que todo escrito y/o comunicación solo podrá enviarse a través de correo electrónico o de su plataforma.

 

Como vemos, el propósito de este tipo de buenas prácticas es reducir el tiempo en que un escrito o comunicación se pudiera demorar en llegar a los árbitros. Pensemos que, si habláramos de envíos físicos, dicho escrito tardaría por lo menos un par de días en llegar al despacho del árbitro, quien se tomaría otros cuantos días más para responder y enviar a la Secretaría para que, en otro par de días más, se notifique a las partes. Esa situación queda totalmente descartada pues ahora los árbitros están a un solo click de conocer el contenido de los escritos o comunicaciones.

 

Es por lo anterior que consideramos este tipo de práctica como una de las más importantes pues resguarda y optimiza una de las características más importantes del arbitraje: la celeridad.

 

El establecimiento de un calendario procesal

 

Uno de los más grandes problemas en los procesos civiles peruanos es que los jueces casi nunca respetan los plazos establecidos en la legislación para emitir sus pronunciamientos. A eso le debemos sumar que dichos plazos rigen para todos los procesos, esto termina siendo perjudicial cuando se tratan temas altamente difíciles o técnicas, los cuales requieren una mayor cantidad de días para, por ejemplo, presentar la demanda o contestación.

 

En atención a ello y a que en el arbitraje se respeta la voluntad de las partes, otra buena práctica que impulsa la CCL es el establecimiento de un calendario procesal que tenga el siguiente contenido (CCL, 2020):

 

“El  calendario  procesal  debe  prever  las  actuaciones  a  realizarse  en el  arbitraje,  detallando  sus  fechas  exactas.  Este  calendario  debe incluir  necesariamente  las  fechas  de  presentación  de  los  escritos de  las  partes,  de  realización  de  las  audiencias  y  del  cierre  de  las actuaciones, así  como  el  plazo  para  laudar” (el subrayado es nuestro)

 

Para que pueda ser aplicado, este calendario procesal debe primero ser puesto en conocimiento de las partes y el árbitro debe otorgarles un plazo razonable para que presenten sus observaciones y/o su propuesta consensuada.

 

Ahora bien, consideramos esta herramienta muy útil en aras de buscar un arbitraje célere y eficiente. Nos explicamos.

 

Primero, mediante el calendario procesal las partes tendrán un panorama completo del tiempo que estimará la decisión final del tribunal, ello les permitirá tener un control de los recursos, tiempo y dinero por ejemplo, que vayan a invertir. En segundo lugar, es posible adecuar los plazos de presentación de escritos, organizar las fechas de las audiencias, entre otros, dependiendo de la dificultad de la controversia; así el Tribunal recibirá escritos mejor elaborados, los abogados podrán tener el tiempo suficiente de preparación para las audiencias, etc. 

 

Finalmente, es necesario precisar que, si bien la idea es que se respeten los plazos del calendario, el cambio de circunstancias puede habilitar que este sufra modificaciones pues, ante todo, el arbitraje es un proceso que goza de flexibilidad.

 

Reunión con los árbitros antes de su designación

 

La Guía de AmCham permite a las partes reunirse, mediante videoconferencia o vía telefónica, con los candidatos a árbitros antes de designarlos. De esta manera, se podrán discutir directamente con ellos sobre su disponibilidad, que no haya algún tipo de conflicto de intereses o incluso sobre la especialidad y compromiso que necesita cada controversia en particular.

 

De manera similar, los coárbitros pueden mantener reuniones con los posibles presidentes del Tribunal. Ahora bien, ¿pueden las partes reunirnos con los coárbitros para tratar sobre la designación del presidente? Consideramos que sí pues, en la medida que las comunicaciones y reuniones sean transparentes y supervisadas por una institución, las partes tienen la libertad de escoger quiénes serán los especialistas que resuelvan su controversia.

 

A manera de síntesis, en el Perú poco a poco se empiezan a difundir mediante los centros de arbitraje estas buenas prácticas que optimizan el arbitraje, haciéndolo mucho más eficientes y “desprocesalizándolo”.

 

  • BUENAS PRÁCTICAS EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

 

En primer lugar se debe indicar que la Ley nº. 1.879 del año 2002  de “Arbitraje y Mediación” acoge en gran parte las disposiciones de la “Ley modelo de 1985 sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL)”. 

 

La República del Paraguay, con la intención de estar a la vanguardia de las reglas arbitrales, en el año 2015 ha promulgado la ley nº. 5393/2015 “sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales”. En esta normativa se incorpora la Convención de México como los Principios de la Haya. Es una Ley moderna donde se excluye la regulación a los acuerdos de arbitraje y los acuerdos de elección de foro, entre otros, reconociendo de manera amplia la autonomía de la voluntad, y a la vez delimitando el alcance de esta libertad dentro de un contexto equilibrado de orden público, que atiende tanto el resguardo de normas y postulados esenciales del país como los requerimientos de que este tema sea mirado desde una óptica cosmopolita. Este cuerpo normativo puede dar un soporte interpretativo, con disposiciones de marcado tinte cosmopolita inspirada en instrumento como la Haya y México que claramente abren las puertas al futuro y cuyos beneficios pueden sentirse

 

El Paraguay, se encuentra adherido a los principios del Instituto para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), organización intergubernamental creada con el objetivo de promover la armonización y unificación del derecho privado a nivel internacional, teniendo como punto de partida la creciente liberación del Comercio y el proceso de integración económica. Así también, que por medio de la Ley nº. 948 de 1996 el Paraguay adoptó la Convención de Nueva York de 1958 sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales”.

 

Por otra parte, ha incorporado diversos instrumentos elaborados a través de las Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado” (CIDIPs) llevadas a cabo a partir del año 1975 cuya tarea codificadora a logrado revertir la tendencia negativa, antes prevaleciente en Latinoamérica hacia el reconocimiento de la autonomía de la voluntad para las vinculaciones fronterizas y de la virtualidad del arbitraje para dicho fin, además entre otras cosas, de su apertura hacia los usos y principios internacionales, y de la inclusión de fórmulas que buscan soluciones equitativas para los casos en concreto

 

También, se debe indicar que Paraguay adoptó la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Panamá, 1975) -ratificada por Ley nº. 611 de 1976- y la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros (Montevideo, 1979) – Ley Nº 889 de 1981- que reconoce la autonomía de la voluntad y la eficacia de laudos en el extranjero.

 

También se ha adoptado diversos instrumentos en el marco de las CIDIPs, como por ejemplo la Convención Americana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares y Recepción de Pruebas en el Extranjero, y la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado (Montevideo, 1979) – que contiene disposiciones, de tipo general, para la aplicación de normas de conflicto y su búsqueda de solución más justa para el caso de que una misma vinculación jurídica este sometida a la regulación de diferentes derechos, sin que necesariamente deba recurrirse a criterios mecánicos o rígidos, lo cual resulta deseable en arbitrajes internacionales

 

Una de las normas «soft law» más importantes es la Guía de Conflicto de Intereses en Arbitraje Internacional de la IBA 2014, la cual busca contribuir a eliminar las incertidumbres de partes, árbitros e instituciones tienen sobre qué deben los árbitros, informar acerca de sus relaciones con las partes, los abogados, los peritos etc. Y sobre qué acontecimientos son más o menos relevantes para calificar la independencia del árbitro exponiendo los estándares generales relativos a la independencia, imparcialidad y la obligación de revelación. Las reglas IBA son importantes ya que buscan uniformizar las normas en materia de pruebas que recogiera los estándares utilizados en el mercado.

 

En el camino de la búsqueda de mejorar las prácticas de arbitraje, el 12 de noviembre del 2021 ha quedado vigente un nuevo reglamento de arbitraje. El nuevo reglamento busca acortar los plazos procesales. Por ejemplo, el plazo para nombramientos de árbitros, que anteriormente era de 15 días, con el nuevo reglamento se reduce a 10 días. El plazo para laudar se reduce a tres meses. También se implementan sanciones si los árbitros no laudan en el plazo establecido. Por otro lado, se permite la multiplicidad de contratos y partes, se introduce un formulario para árbitros de declaración de independencia y lo más importante, es que se establece una audiencia inicial de conducción de procedimiento. Con esta innovación las partes pueden decidir, de común acuerdo, cual es el procedimiento a seguir. Básicamente, se busca que las partes diseñen el procedimiento. Implementar la audiencia inicial de conducción va en línea con otros centros de arbitrajes. Buscando la preponderancia a la voluntad de las partes. 

 

El nuevo reglamento también implementa el árbitro de emergencia. Todo ello, con la búsqueda de la celeridad de los procesos. 

 

El reglamento de instituciones arbitrales, y la aceptación de los instrumentos soft law son factores que obligan y favorecen la aplicación de las buenas prácticas en la República del Paraguay. 

 

  • BUENAS PRÁCTICAS EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

 

Bolivia es uno de los países de la región que contiene en su Constitución disposiciones que reconocen y/o regulan el arbitraje. Sin embargo, a diferencia de las consideraciones a favor del arbitraje que tienen Constituciones como la de Perú, Costa Rica o Colombia, la Constitución Política boliviana establece, en su único artículo que hace referencia al arbitraje (artículo 366), la prohibición de elección de sede en el arbitraje de inversiones.

 

Pese a que dicho artículo podría llevar a considerar que la tendencia de la normativa boliviana es el establecer limitaciones para el arbitraje, la propia Constitución Política del Estado establece la cultura de paz como uno de los principios y finalidades del Estado y de todos los bolivianos. Es bajo esta cultura de paz que en los últimos años se ha promovido la instauración y aplicación de medios alternativos de solución de conflictos, los cuales sirvan como mecanismos que permitan alejar a la población de la burocracia y la cultura litigiosa que supone la vía ordinaria en el país. Siguiendo esta línea, el 2015 fue promulgada la Ley 708 de Conciliación y Arbitraje, la cual busca actualizar la regulación de ambos MASC y poner en práctica los valores constitucionales del pluralismo jurídico, la vida armoniosa y la promoción y fomento del derecho y la cultura de paz.

 

Antes de mencionar aquellos aspectos positivos que resaltan de la Ley 708, es necesario señalar que en Bolivia el arbitraje tiene naturaleza jurídica jurisdiccional. La Sentencia Constitucional 2472/2012 de 28 de noviembre de 2012 establece al arbitraje como “una expresión de la jurisdicción formal por ser consagrada como vía jurisdiccional delegada por el Órgano Judicial”. La teoría jurisdiccional considera que la naturaleza del arbitraje es estrictamente jurisdiccional. Caivano entiende a la jurisdicción como la función de administrar justicia dirimiendo conflictos, por lo que señala que para entender el arbitraje como un mecanismo de solución de conflictos se debe tener en claro que, si bien afianzar la justicia es una de las finalidades y objetivos de los Estados, esto no supone que los mismos deben ejercerla de manera monopólica.

 

Que el arbitraje tenga naturaleza jurisdiccional en Bolivia y que la misma esté ratificada por la jurisprudencia constitucional, refuerza las facultades y funciones de los árbitros como administradores e impartidores de justicia. Este entendimiento se ve reflejado dentro de la Ley 708, por ejemplo, en la capacidad del Árbitro único o del Tribunal Arbitral de ordenar medidas cautelares, pudiendo además exigir a la parte que las solicite una contracautela adecuada, a fin de asegurar la indemnización de daños y perjuicios en caso de que la pretensión se declare infundada (Ley 708, art. 84). Además, los árbitros están facultados para adoptar decisiones con fuerza ejecutiva (Ley 708, art. 91 y 109), la práctica de pruebas (Ley 708, arts. 94 y 95), entre otras.

 

Consecuentemente, el arbitraje tiene el carácter y estatus de un proceso ordinario, situación que se ve reflejada en las facultades descritas anteriormente de las cuales gozan los árbitros, por lo que se considera al mismo como un mecanismo efectivo para dirimir cualquier conflicto que sea sometido por las partes, debido a la obligatoriedad de las decisiones que dictaminen los árbitros. 

 

De igual manera cabe señalar que, si bien que el arbitraje tenga naturaleza jurisdiccional podría llevar a interpretar que el Estado está facultado a controlar y regular los arbitrajes, empero, los tribunales arbitrales no se encuentran en situación de dependencia ni subordinación frente a ningún órgano del Estado, en virtud a que el arbitraje supone una excepción al monopolio de los órganos estatales sobre la jurisdicción que busca reducir la carga procesal de la vía ordinaria, situación que refuerza la independencia de los tribunales arbitrales. Consiguientemente, el arbitraje se adecua dentro de los subprincipios de independencia descritos por Picado, al no hallarse bajo dependencia de ninguna autoridad o juzgado del órgano judicial (independencia interna), ni sometimiento de ningún órgano estatal (independencia externa).

 

Habiendo analizado la naturaleza del arbitraje y su implicancia en Bolivia, cabe centrarnos en aquellas ventajas que resaltan de la Ley 708. Entre estas sobresale la incorporación del árbitro de emergencia, el cual está facultado para: (i) resolver la procedencia de las medidas cautelares acordadas por las partes en la cláusula arbitral; (ii) solicitar la aplicación de medidas cautelares de emergencia a la autoridad judicial competente; y (iii) solicitar a la autoridad judicial la aplicación de medidas preparatorias para la demanda arbitral (Ley 708, art. 67). De esta manera, las partes cuentan con un mecanismo que les permita proteger sus derechos antes de la constitución del tribunal arbitral.

 

De igual manera, la Ley 708 establece que toda la información que sea producida dentro de un proceso de conciliación o arbitraje es confidencial, siendo este uno de los principios fundamentales del arbitraje en Bolivia. Esta disposición de la Ley 708 resalta debido a que varias leyes locales y reglamentos arbitrales no disponen de supuestos de confidencialidad. El principal beneficio que supone la confidencialidad en el arbitraje es la protección de la reputación de las partes, ya que esta garantiza que terceros ajenos al conflicto desconozcan de su existencia, lo cual permite que las partes puedan continuar de manera normal con su actividad comercial y es una de las razones por las que varias empresas a nivel global deciden someter sus controversias a la vía arbitral.

 

  • BUENAS PRÁCTICAS EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

El arbitraje en Colombia encuentra su máxima fuente normativa en el artículo 116 constitucional, que dispone de la facultad de los árbitros y conciliadores para administrar justicia. Así mismo, debe entenderse que Colombia ha adoptado los principales Tratados Públicos Internacionales y normativas de soft law en el arbitraje que complementan sus disposiciones internas, pero sobre todo, que unifican los principales aspectos arbitrales con la mayoría de Estados del mundo, quienes han adoptado preponderantemente, por ejemplo, la Ley Modelo de la CNUDMI, y esto ha facilitado que exista una ampliación en las diferentes sedes arbitrales, pues permite a las partes tener una base de referencia sólida que es conocida globalmente y que les genera seguridad jurídica.

 

Ahora bien, referidos específicamente en las prácticas arbitrales al interior de Colombia, y prestando especial atención a aquellas que valen la pena destacar y tomar como ejemplo, conviene referirse al principio de autonomía. 

 

Es cierto que la autonomía es básica en el mundo del derecho privado, y por supuesto, en el ámbito del derecho comercial internacional y del arbitraje internacional, y quizás pueda no parecer nada novedoso, pero justamente, al tratarse de un principio tan básico, es posible observar que sea común generar limitaciones o regulaciones que de una u otra forma, afecten dicha autonomía. Sin embargo, en Colombia, partiendo de la aplicación de la ley 1563 de 2012 (que regula el arbitraje nacional e internacional), es posible observar que es un ordenamiento que respeta la autonomía, y que ello se ve reflejado en ventajas procesales para las partes, lo que incentiva y facilita los procesos arbitrales.

 

Como ejemplo de lo anterior, es posible observar lo relativo a la materia objeto de la controversia. Algunos juristas nacionales colombianos como la doctora Adriana Zapata, ha referido que la materia litigiosa es condición de validez o eficacia del pacto arbitral. Es decir, la ley rige el pacto, y por consiguiente, la misma determina si la materia objetiva es arbitrable. Pero frente a lo anterior, menciona que por aplicación del principio de autonomía, aún en el eventual caso que la materia no fuera arbitrable, los árbitros siguen siendo competentes para declararlo, el pacto sigue siendo válido en tanto la arbitrabilidad de la materia no conlleva la invalidez del pacto, y de ninguna manera entonces será un asunto que salga de la esfera de conocimiento del tribunal arbitral.

 

Por supuesto que dicha autonomía se predica en varios aspectos procesales tales como la voluntad de las partes de elegir el derecho aplicable al fondo del litigio, la posibilidad del Tribunal de determinar su propia competencia (si bien se reconoce el principio de competence-competence y su alcance global, es importante hacer referencia a que la ley el Estado habilita dicha competencia del Tribunal, en tanto evita intervenciones innecesarias y dilatorias por parte de los  juzgados y autoridades de la jurisdicción nacional), la aplicación del procedimiento, entre otros. 

 

Este principio, para efectos de adopción en el Estado colombiano, se encuentra reconocido en la Convención de Roma sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, así como en el artículo 42 del Convenio de Washington de 1965, en el artículo 33 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, y en el artículo 17 del Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, tal como lo refiere Monroy Cabra

 

Ahora bien, refiriéndonos propiamente a prácticas arbitrales positivas y que merecen ser destacadas por su utilidad en el sistema nacional, es importante mencionar la práctica de realizar comunicaciones entre el Tribunal Arbitral y las partes con el propósito de resolver asuntos concretos del caso, determinar su experticia o historial, o resolver eventualidades del procedimiento. Puede pensarse que esto es algo totalmente común en un procedimiento arbitral, justamente por ser una práctica casi necesaria, sin embargo es conveniente reflexionar sobre ella, toda vez que en algunos países de la región (Vg.r. en Perú), tiende a ser una práctica cuestionada, y al dirigirse a la legislación nacional de los países en el continente, es usual no encontrar regulación alguna sobre el tema.

 

En el caso de Colombia, es cierto que no existe una disposición que propiamente establezca algo en relación a dicha práctica, sin embargo, recogiendo la lectura de artículos como el 64 de la Ley 1563 de 2012, en el cual se promueve la uniformidad de aplicación de los principios el arbitraje internacional en los vacíos que existan, y ante la ausencia de prohibición, se puede entender que es una práctica permitida, pero además de todo, muy desarrollada y común en su aplicación práctica. 

 

Este tipo de prácticas denominadas ‘‘Lex Mercatoria Arbitralis’’, a pesar de que en Colombia no encontremos su regulación, si son tendencias visiblemente extendidas, y que la experiencia indica que son útiles e incluso necesarias, pues son prácticas que se convierten en el desarrollo de otros principios procedimentales como la celeridad o eficacia, y promueven la agilidad y entendimiento del proceso, es decir, son prácticas que dinamizan el mundo arbitral, y por ello, se destaca como una práctica positiva en el Estado colombiano.

 

  • BUENAS PRÁCTICAS EN LA REPÚBLICA DE ARGENTINA

 

A diferencia de lo que ocurre en numerosos ordenamientos latinoamericanos, Argentina aún no ha llegado a adaptarse a las tendencias legislativas en materia arbitral

 

A modo de ejemplo, es destacable que Argentina recién ha sancionado su ley de arbitraje comercial internacional (Ley 27.449) en el mes de julio de 2018. Normativa que adopta casi  íntegramente el texto de la Ley Modelo de la CNUDMI; y sancionada con el afán de que sujetos extranjeros designen al país como sede de Arbitrajes Internacionales. 

Si bien el auge del arbitraje aún no ha llegado a su punto máximo en Argentina, se pueden destacar algunas normativas referidas al arbitraje que se presumen como acertadas a los fines de delinear un futuro en el que estos procedimientos sean la moneda corriente.

 

En lo que hace al ámbito del Estado Nacional, el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación ha instituido la figura del “árbitro dirimente”.  Así, en aquellos procesos arbitrales en los que actúen tribunales colegiados,  la normativa prevé  “si no pudiese formarse mayoría porque las opiniones o votos contuviesen soluciones inconciliables, se nombrará un árbitro para que dirima”.  De esta manera, y como lo explica Rivera, la legislación nacional Argentina ha previsto esta categoría de árbitro dirimente para los supuestos en los que sea imposible la conformación de una mayoría entre los miembros del Tribunal interviniente. Esta imposibilidad puede constatarse porque los votos de los miembros del tribunal  no concurren a conformar una mayoría, o porque las opiniones vertidas en sus votos contuviesen soluciones inconciliables en todas o alguna de las cuestiones a resolver. 

 

Asimismo, este Código de Procedimiento nacional, en su art. 756 (al igual que el art. 628 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Córdoba) establece la responsabilidad de los árbitros. De esta manera, si los árbitros no dictaran el laudo encomendado dentro del plazo previsto para ello, pierden el derecho a cobrar honorarios. De igual manera, si este plazo no se respetara – o incluso, si se configurarse  alguna demora injustificada en el proceso por su culpa – son responsables de indemnizar a las partes por los daños y perjuicios que dicha situación les ocasione 

 

Por su parte, y también a nivel nacional, se ha instituido el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, con base a lo dispuesto por el art 59 de la Ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor) que reza: “ La autoridad de aplicación propiciará la organización de tribunales arbitrales que actuarán como amigables componedores o árbitros de derecho común, según el caso, para resolver las controversias que se susciten con motivo de lo previsto en esta ley. (…) Dichos tribunales arbitrales tendrán asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en todas las ciudades capitales de provincia. Regirá el procedimiento del lugar en que actúa el tribunal arbitral.” Al respecto, debemos enfatizar que en Argentina la protección a los derechos de consumidores y usuarios cuenta con rango constitucional (art. 42 y 43 Constitución de la Nación Argentina); lo que ha generado un amplio sistema de legislaciones y mecanismos tendientes a evitar abusos por parte de los proveedores de bienes y servicios. 

 

En este contexto, es destacable que se optara por instituir al arbitraje legal como procedimiento de resolución de las controversias suscitadas en el marco de una relación consumeril. El arbitraje de consumo, si bien institucional, posee una serie de características propias a efectos de brindar un maor resguardo a los consumidores: 1- Solo puede iniciarse el proceso arbitral por requerimiento del consumidor; 2- el proceso para él es gratuito, y no se exige el patrocinio letrado;  3- se hace un especial énfasis en la confidencialidad del proceso; 4- en la constitución del tribunal, se procura mantener el equilibrio, neutralidad e imparcialidad con la siguiente integración: un miembro institucional, designado por el centro de arbitraje, un segundo árbitro designado por las Asociaciones de Consumidores de la respectiva jurisdicción y, por último, un tercer árbitro seleccionado por las Cámaras Profesionales a las que pertenezca el proveedor requerido; 5- los miembros del tribunal deben cumplir con estrictos requisitos de idoneidad y solvencia, contando con un título profesional y acreditando como mínimo 5 años de experiencia en la profesión; 6- si bien se ha fijado que el tribunal tiene un plazo máximo de 120 días hábiles para laudar, lo cierto es que se registra que, en promedio, los mismos son dictados en un mes y medio.

 

  • CONCLUSIÓN

 

Como hemos descrito en el presente artículo, es necesario la implementación de reglas que permitan “desprocesalizar” el arbitraje y aprovechar al máximo sus beneficios. En el caso del Perú, las instituciones se han encargado de implementar una serie de prácticas que ayudan a conducir el arbitraje de mejor manera, acelerando los procesos de comunicación entre las partes y los árbitros, y organizando las actuaciones procesales para evitar una demora desproporcionada en la emisión del laudo final.

 

Por su lado, las acciones tomadas por Paraguay demuestran la búsqueda de desarrollar un ordenamiento jurídico favorable al arbitraje internacional.  Se pretende promocionar el arbitraje fomentando instrumentos y lineamientos suscritos, a fin de obtener un mecanismo de solución de controversias justo. Esto se demuestra con la reestructuración del reglamento del arbitraje. 

En cuanto a Bolivia, si bien la Ley 708 ha generado debate y ciertas disposiciones son criticadas, como la poca claridad en cuanto a las materias excluidas del arbitraje o la limitación al arbitraje de inversión en cuanto a la obligatoriedad de someterlas a la jurisdicción y normativa nacional; empero, la misma supuso un avance en cuanto a la promoción de los MASC en el país. Las incorporaciones de esta normativa son concordantes con la evolución del arbitraje a nivel internacional y permiten que el país tenga una normativa arbitral congruente con el entendimiento actual del arbitraje, al incorporar mecanismos que garantizan a las partes la protección de sus derechos, como ser los árbitros de emergencia o la confidencialidad como principio rector. La Ley 708 busca aplicar el principio de cultura de paz en el país, poniendo al alcance de la población medios alternativos que les permita evitar la conflictividad y burocracia judicial, además de facilitar un mecanismo de protección a las inversiones en Bolivia estableciendo un medio alterno a la vía ordinaria que actualmente se encuentra afligida por diferentes males.

En Colombia, las prácticas arbitrales tienden a generarse de forma tal que sean acordes al comercio internacional y a lo que normalmente acostumbran a encontrar las partes en las principales sedes arbitrales del mundo. En efecto, si bien es cierto que no existen mayores normativas que la ley 1563 de 2012 y demás principios, normas o convenciones adoptadas, la normativa interna se interesa por respetar la autonomía de las partes y de dar dinamismo al arbitraje, sin imponer obstáculos innecesarios que puedan entorpecer el procedimiento arbitral. Por el contrario, trata de incentivar a las partes a acudir a la sede al no imponer particularidades que generan diferencias respecto a las principales sedes del mundo.

Por su parte, Argentina es un país que aún se encuentra en los primeros estadíos de adopción del arbitraje como vía plausible y adecuada para la resolución de controversias, a diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos. Por este motivo, no se han arraigado “prácticas” que constituyan soft law en materia arbitral local. No obstante lo cual, se debe destacar la propuesta legislativa argentina que ha optado por establecer arbitrajes de consumo, es decir, ha confiado en los procesos arbitrales la posibilidad de resolver controversias referidas a derechos consumibles, los cuales tienen raigambre constitucional. Esta es una práctica que debería ser imitada por otras legislaciones y, de esta manera, ampliar el aspecto de materias arbitrales. 

  • REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 

Caivano, R. (2012). El arbitraje, nociones introductorias. Derecho-comercial. Argentina. Recuperado de: http://www.derecho-comercial.com/Doctrina/Arb-001.pdf 

 

Picado, C. (2014) El derecho a ser juzgado por un juez imparcial. Revista de IUDEX. Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r32673-1.pdf

 

Monroy, M. G. (2017). Arbitraje Comercial Nacional e Internacional. Librería Ediciones del Profesional LTDA. P.140. 

 

Moreno, J. A. (2019) Arbitraje comercial y de inversiones. Marco normativo paraguayo y precedentes jurisprudenciales, ley paraguaya sobre contratos internacionales y arbitraje. Intercontinental. Paraguay, p.13-14. 

 

Rivera, J. C. (2014), Arbitraje Comercial, Internacional y Doméstico, Buenos Aires Argentina Ed. AbeledoPerrot. pág. 312

 

Tepfer, M. V. (2008) Una puesta al día en la legislación sobre arbitraje en la Argentina. Lecciones y Ensayos, Departamento de Publicaciones – Facultad de Derecho  Universidad de Buenos Aires, 84. 197 – 212.

 

Zapata Arbeláez, A. (2013). La norma sustancial aplicable al arbitramento internacional. Estatuto Arbitral Colombiano. pág. 418.

 

Cantuarias, F., Servan, N. (2019). ¿Arbitraje Procesal Civil? La necesidad de implantar buenas prácticas en el arbitraje. Forseti. Revista De Derecho, (10), 29 – 41. https://doi.org/https://doi.org/10.21678/forseti.v0i10.1097

 

Bullard, A. (2014) Charles Darwin y el arbitraje, Perú, Forseti,(1), Revista De Derecho, 2(2), 112-128.

 

Kundmüller, F. (2011). Es urgente “arbitrabilizar”al Arbitraje Peruano. Arbitraje PUCP, (1), 58-67. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/arbitrajepucp/article/view/9358

 

  • JURISPRUDENCIA CITADA

Tribunal Constitucional Plurinacional. Bolivia. Sentencia núm. 2472/2012 de 28 de noviembre.

INTEGRANTES

 

  • Campos Hinostroza, Leonardo – Estudiante de derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Practicante del área de Litigios y Solución de controversias en estudio Echecopar, asociado a Baker & Mckenzie International.

 

  • Diana Franco, Belén – Abogada por la Universidad Católica “Nuestra señora de la Asunción”, Paraguay. Master en derecho de los sectores regulados por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Procuradora Delegada de la Procuraduría General de la República del Paraguay.

 

  • Perdigón, Juan David – Abogado con mención de honor de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia. Asociado de MMS Lawyers Corporation. 

 

  • Velasco, Milagros – Abogada por la Universidad Nacional de Córdoba. Diplomada en Negocios Internacionales y Arbitraje (Universidad de Mendoza). Adscripta Cátedra A de Derecho Internacional Privado  y Cátedra A de Derecho Privado III (Contratos) de la Facultad de Derecho UNC. Litigante área civil en estudio Delgado –Ferrer – Gonzalez Leahy.

 

  • Zenteno Santivañez, Francisco Fermin – Licenciado en Derecho con distinción en honores por la Universidad Católica Boliviana. Legal and Compliance Resource de KPMG Bolivia.
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